Lucho Aguilar

“El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado” dijo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “En muchos casos, y sobre todo en obra pública, tenemos atrasos en los pagos y se hace dificultoso pagarlo” dijo la Cámara de la Construcción. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifiestó "su profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado". La Unión Industrial Argentina (UIA) agregó que “para reducir los impactos de la devaluación hay que ordenar la macroeconomía y no la alterar las discusiones salariales”. La última queja vino de la Federación Empresaria de Córdoba: “las pymes no están en condiciones de hacer frente a incrementos salariales”.

El llanto de muchas cámaras empresarias llegó pocas horas después de conocerse una serie de medidas de Sergio Massa que, como analizamos acá, son un flojo atenuante ante el zarpazo al bolsillo que significó la devaluación que él mismo acordó con el FMI.

Pero los voceros patronales no dijeron una palabra de todas las medidas del mismo paquete del Gobierno que los favorecen. Entre ellas subsidios, baja de retenciones, beneficios para exportadores, créditos y mano de obra barata (Puente al Empleo).

A los empresarios, iguales que a los “liberfachos”, les gusta hablar de la “intromisión del Estado” cuando este les dice tímidamente que paguen un bono barato que es más bien un adelanto de paritarias. Pero no se quejaron cuando en pandemia el mismo Estado les pagó sueldos, les bajó las tasas de interés, les congeló tarifas, les postergó vencimientos y les dió subsidios de todo tipo.

Hoy las exenciones impositivas (o “gasto tributario”, figura en las cuentas públicas) representan el 2,5% del Producto Bruto Interno (Presupuesto 2023). Son 3.664.819 millones de pesos. En cambio a la "gente de pie" le cobran impuestos hasta un vaso de leche o un pedazo de pan.

Tampoco dice nada la Cámara de la Construcción de esas “obras públicas” con las que amasa fortunas la corrupta “patria contratista”. Los Roggio, Techint, Calceterra, Macri, Báez. El caradura de Gustavo Weiss (Construcción) dijo que el bono “significa un aumento salarial de 20%”. ¡O sea que paga sueldos de 150 mil pesos a quienes levantan edificios y rutas! 30 mil pesos equivalen a 10 bolsas de cemento. Se deschavó. Qué miserables.

Tampoco la Unión Industrial que comanda Daniel Funes de Rioja, representante de las grandes alimenticias, dice nada de las remarcaciones de hasta el 20% que hicieron solo la semana de la devaluación (que además favoreció a muchas de sus empresas exportadoras). En la UIA están Rocca (Techint), Blaquier (Ledesma), Madanes (Fate) y muchas de las familias millonarias argentinas. Facturan en dólares y se espantan ante un bono que equivale al costo de un neumático.

La Cámara de Comercio y Servicios es otra de las grandes favorecidas por las últimas medidas. Es dirigida por los Braun (terratenientes y supermercadistas), los Grimoldi (calzado y campos) y el mismo Eduardo Eurnekian, empresario aeronáutico, del campo y la minería. Con la devaluación y la inflación han ganado millones a costa del bolsillo popular pero no quieren pagar un bono que no sirve ni para llenar un changuito en el súper.

Por eso durante los últimos 5 años (Macri y Frente de Todos) hubo una transferencia de 88.700 millones de pesos desde la clase trabajadora al capital. Así lo dicen los estudios del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que analizan la participación de los trabajadores y trabajadoras en el "valor agregado" de cada sector económico?

¿Y cuánto nos robaron los que hoy lloran?

 Industria. Entre 2017 y 2021 los obreros y obreras del sector "Industria Manufacturera" retrocedieron un 18,6% más en el reparto de la torta. ¡Solo les tocó el 29,3% de la riqueza generada! Construcción. Entre 2017 y 2021 los albañiles perdieron un 4,7% en el reparto de la riqueza generada en el sector. Solo se quedan con el 37,5%. Comercio. En el sector "comercio minorista y mayorista", entre 2017 y 2021, los trabajadores y trabajadoras retrocedieron un 11,6% en la distribución del ingreso. ¿Con cuánto se quedan de esa riqueza? El 24,7%.

Y lloran.

Es que el Estado capitalista es quien custodia, gobierne quien gobierne, los negocios del conjunto de la clase empresaria. Milei miente cuando dice que el Estado perjudica a las empresas: les garantiza negocios, subsidios y la precarización de la clase trabajadora, fuentes de sus ganancias. Milei miente cuando dice que “ajustar a la política” es la solución: la casta política (y judicial) gobiernan para los millonarios dueños del país (como él que es empleado del magnate Eurnekian).

Hay que ajustar a los de arriba: a las grandes empresas, bancos y agroindustrias, al FMI. Y también a quienes gobiernan para ellos.

El bono no alcanza, pero que lo paguen. Y que la CGT y la CTA exijan la reapertura de paritarias en todos los gremios, por un salario que cubra la canasta familiar, actualizado automáticamente por la inflación mensual. Para eso se necesitan asambleas, paro general y plan de lucha que además incorpore un aumento de emergencia para los sectores precarios que cobran programas sociales y un IFE para desocupados e informales.

Que activen como activan las cámaras empresarias o le seguirán haciendo el juego a la derecha.