El Bloque Nacional de Seguridad Privada de la República Argentina ve con suma preocupación la situación de indefinición judicial que enfrenta el gremio UPSRA de los vigiladores. Mientras la justicia centra su ojo en supuestas irregularidades y “voltea” congresos como los de la UTA o Panaderos, pareciera que no utiliza la misma vara para ver las irregularidades que ocurren desde hace más de 10 años en la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina.
Aún, la caja del gremio de la seguridad privada continua siendo manejada por un octogenario sindicalista como Ángel García, denunciado por defraudación, acusación que es citada en el mismísimo decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández cuando decidió intervenir la obra social en abril del 2021 después de innumerables denuncias. El mismo interventor de OSPSIP, Ricardo Bellagio, reconoció el estado calamitoso que encontró en la prestadora de salud y el faltante de mil millones de pesos. Aún así, con todas esas pruebas y el condimento extra que a Ángel García no lo votan sus afiliados desde el año 2012, la justicia todavía insiste que García administre los recursos económicos de los vigiladores privados.
Es por eso que el Bloque que lideran Christian López y Leónidas Requelme, que actualmente se encuentran organizando su expansión tanto en la provincia de Buenos Aires como en el interior del país, analiza por estás horas una inminente movilización a la Corte Suprema de Justicia y a la Superintendencia de Salud a fin de que estos organismos brinden respuesta y pronta solución al hartazgo de los vigiladores que ven día a día como se deterioran sus fuentes laborales, mientras a algunos solo les interesa continuar con la cultura del retorno en la seguridad privada, una caja que alimenta a varios actores menos a los trabajadores.
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