Héctor Ponce, el jefe del sindicato lechero (Atilra), confirmó que funcionarios del gabinete de Mauricio Macri le advirtieron que el entonces presidente lo quería encarcelar, tal como le reveló ayer el petrolero Guillermo Pereyra a este diario. De este modo el dirigente amplificó la denuncia del líder del gremio de Neuquén, Río Negro y La Pampa, respecto de una supuesta advertencia que le hizo en persona Macri durante un vuelo que compartieron a Estados Unidos, y en la que también dijo haber sido víctima de espionaje por parte de aquella administración así como de una supuesta persecución.

“Me consta que Macri me quería preso, como contó Pereyra. Me lo dijeron en persona funcionarios de primera línea. Uno entiende que cuando se amenaza así es porque quieren que dejemos de defender los intereses de los trabajadores”, le contestó anoche Ponce a este diario en un breve contacto telefónico. Aunque la mirada del expresidente estuvo sobre Atilra desde el inicio de su gestión, con duros cuestionamientos al convenio colectivo de la actividad, en el gremio sospechan además de la influencia de Gustavo Lopetegui, exvicejefe de Gabinete de esa administración y fundador de la láctea Pampa Cheese.

Los dichos de Ponce y Pereyra -el dirigente que era mostrado como un ejemplo por Cambiemos a raíz de las modificaciones que introdujo en el convenio colectivo de Vaca Muerta- surgen en el contexto de una serie de revelaciones coincidentes acerca de la mesa judicial de funcionarios macristas que supuestamente operaba sobre causas sensibles para aquella gestión y de los expedientes sobre espionaje contra propios y ajenos a cargo de las estructuras de inteligencia del anterior gobierno.

Junto a los dichos de funcionarios juridiciales como los camaristas Ana María Figueroa (Casación) y Luis Raffaghelli (laboral) o jueces de primera instancia como Marina Forns, las causas por espionaje alumbraron víctimas entre el sindicalismo que fueron desde Hugo Moyano, enemigo declarado de Macri hasta el final de su mandato, hasta Héctor Daer, quien durante esa etapa condujo la CGT, y el propio Pereyra que le anunció a este diario que se presentará como querellante en la causa que instruye el magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral.

En el caso de Ponce, en su entorno alegan que la supuesta persecución tuvo como eje el convenio colectivo, en particular los aportes pactados con las industrias a favor del sindicato. Pereyra había dicho que ese ítem había llevado a Macri a decirle que “lo quería preso” al dirigente lechero en el avión que los trasladaba a Houston, en abril de 2017. Los gremialistas de Atilra apuntan a Lopetegui: el exvicejefe de Gabinete de Marcos Peña fundó en 2009 la fábrica de quesos Pampa Cheese, en la localidad santafesina de Progreso, dedicada prioritariamente a la exportación e integrada al grupo Pegasus.

Cerca del jefe del sindicato contabilizan once allanamientos en un solo día en Sunchales y en oficinas propias en la Ciudad de Buenos Aires (Pereyra recordó haber sido avisado por un ministro que le harían “una visita” y que una semana después se produjeron tres operativos en sedes de su gremio) y varias advertencias por parte de funcionarios para que cedieran capítulos del convenio colectivo. También destacan otro hecho que atraviesa la mayoría de las causas penales que se abrieron contra dirigentes sindicales: la primera denuncia en contra de Ponce fue anónima.