Una nueva ley que, si bien no se conoce el texto, sí sabemos que las petroleras están haciendo un gran lobby con todo su poder de fuego. En la negociación con el gobierno, las petroleras podrían comprometerse a no aumentar demasiado los combustibles.

El gobierno se conformaría con que el aumento en los surtidores por parte de las petroleras esté por debajo de la inflación general esperada para este año (40%). Así se desprende de la nota “Incentivos fiscales a petroleras, a cambio de naftas más bajas”, del periodista Jairo Straccia, publicada el domingo 19 de enero en el diario Perfil.

La primera reflexión sobre este importantísimo tema es que, además del gobierno, el único sector que está discutiendo esta ley son las petroleras. Nadie más. El Poder Ejecutivo no convocó a ningún otro actor para que opine sobre el futuro de los hidrocarburos en el país.

Esto significa que entre los funcionarios nacionales y los 10 ejecutivos representantes de las principales compañías (más algún que otro consultor que tira para el lado de las petroleras) están acordando un marco jurídico a 30 o 40 años, que afecta los recursos naturales y nuestra soberanía como pueblo, y -también- impacta directamente en la calidad de las condiciones laborales de los petroleros.

El objetivo de las petroleras es simple: que el gobierno de Alberto Fernández les garantice un marco regulatorio nuevo a largo plazo para que sus inversiones estén “seguras” y que puedan maximizar sus ganancias.

En la nota del diario Perfil se afirma: “el Poder Ejecutivo está dándole forma a una especie de pacto con las principales compañías del rubro. Por un lado, ya trabaja en un proyecto de ley de hidrocarburos que se tratará en sesiones extraordinarias que incluirá amplias ventajas fiscales y facilidades para las ventas externas. Por el otro, el equipo económico está esperando que el sector le presente un cronograma de aumentos de naftas y proyectos de inversión con un requisito clave: que los incrementos estén entre 5 y 7 puntos por debajo de la inflación del año”.

Además, en la nota se dan a conocer algunos de los puntos más importantes que están negociando las compañías y el gobierno, entre ellos:

◆ Estabilidad fiscal por un plazo que se discute si será de 3, 5 o 10 años, para garantizar una foto sin cambios de los impuestos que pagan las compañías, donde el caso testigo es el beneficio que tiene desde los 90 el sector minero gracias a una ley específica.

◆ Libre disponibilidad de barriles para exportación, con un cupo a definir; hoy se producen 550 mil barriles por día, unos 100 mil metros cúbicos diarios, equivalentes aproximadamente al consumo interno.

◆ Eliminación de la resolución que permite a la Secretaría de Energía definir el precio interno del crudo cuando un productor y exportador de hidrocarburos le vende a un refinador que no produce y que abastece el mercado interno.

◆ Extensión a todo el sector del convenio laboral de Vaca Muerta, que es la adenda que el gobierno de Macri le incluyó para flexibilizar condiciones de trabajo y abaratar costos.

◆ Cambios en la forma de los contratos de venta de petróleo entre refinadores y productores.

◆ Amortización acelerada de bienes de capital. Se trata del proyecto clave que todas las compañías del sector intentan influenciar con borradores propios, y que genera todo tipo de lobbies.

La ley podría garantizar la libre disponibilidad de recursos (petróleo y gas) y de divisas para que las compañías hagan lo que quieran. También, esta normativa podría significar más flexibilización laboral, ya que se tendría previsto expandir el Convenio Colectivo de Trabajo de Vaca Muerta (firmado por Macri). Este CCT lo denunciamos una y mil veces porque significa directamente bajar los costos de las petroleras aumentando la flexibilización de los trabajadores/as.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

Desde la FeTERA y la CTA Autónoma creemos que este tema tiene que debatirse urgentemente en otros sectores de la sociedad. Esta ley podría garantizar un nuevo saqueo de los recursos naturales y se está discutiendo entre cuatro paredes. El movimiento obrero, las organizaciones sociales y ecológicas, los sectores populares y el pueblo en su conjunto tenemos que ser capaces de reaccionar cuanto antes para irrumpir con una nueva voz.

Además, llamamos a continuar un camino que pueda construir un nuevo modelo energético con bases en la soberanía nacional. Ya sufrimos muchos años el modelo energético de saqueo de los recursos, de ataque a la soberanía del país y basado en la privatización y la extranjerización.

Sufrimos muchos años un modelo energético donde la moneda de cambio siempre fue el saqueo de las petroleras y la flexibilización laboral.

Tenemos que construir en unidad de amplios sectores sociales un modelo energético nuevo, que tenga a la soberanía nacional como único rumbo y que esté a favor de los intereses del pueblo.

Por José Rigane.

Secretario Adjunto de CTA-Autónoma, Secretario General de la FeTERA y de Luz y Fuerza de Mar del Plata.