Una confluencia inédita y transversal denunció la existencia de una reforma laboral de facto, sin trámite legislativo, “encubierta”, a través “de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los Convenios Colectivos de Trabajo.
La política gubernamental intervencionista de los sindicatos consiguió una asombrosa e inédita unidad. Abogados de sindicatos de todas las tradiciones políticas, desde la ortodoxia a las expresiones más combativas, también las organizaciones afines al kircherismo como los sectores de la izquierda, confluyeron en un único espacio, el Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales, que difundió su documento fundacional con un claro programa de confrontación a las políticas oficiales.
En una única foto aparecen, por ejemplo, Hugo Moyano (hijo), de Camioneros; Guillermo Gianibelli (Metrodelegados), Noemí Rial (Unión Ferroviaria), Matías Cremonte (ATE), María Paula Lozano (Aceiteros), Juan Manuel Martínez Chas (Transporte), Luis Enrique Ramírez (Pilotos), Héctor Recalde (por años asesor de la CGT), Guillermo Pajoni (Federación Judicial) y muchos más. Todos en un mismo espacio. Una expresión inusual de unidad de organizaciones que tienen, sin embargo, notables diferencias en sus modelos de construcción sindical.
El documento fundacional del espacio se alumbró al calor de las políticas laborales del gobierno de Mauricio Macri. El Foro enfatizó la existencia de una reforma laboral de facto, sin trámite legislativo, “encubierta”, a través “de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los Convenios Colectivos de Trabajo con la consecuente pérdida de derechos para los trabajadores”.
El documento precisó la existencia de un plan “sistemático” para vulnerar los derechos laborales que tiene como herramienta privilegiada la afectación de la autonomía sindical. “Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical de trabajadores/as y de sus organizaciones, a través de la acción u omisión de la autoridad de trabajo y de parte de la justicia federal penal con el fin de criminalizar a la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales constitucionalmente garantizados”.
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