“Ya no es posible soportar esta situación. Son casi cien compañeros y compañeras, muchos de ellos enfermos, que no pueden retirarse. Exigimos a nuestro gobierno que actúe y no juegue con la dignidad de personas que han dado su vida por esta institución”, dijo Marta Anariba, presidenta de la junta directiva central del Sitraina.

Después de cancelar a un primer grupo de 50 personas, el año pasado, la Secretaría de Finanza anunció que había fondos suficientes para hacer lo mismo con los restantes 45.

El acuerdo alcanzado preveía la cancelación prioritaria de las personas en

estado más crítico de salud.

Manejo irresponsable

Lamentablemente, el acuerdo quedó en papel mojado y en marzo de este año, el Sitraina se enteró que, irresponsablemente, la administración del INA nunca realizó los trámites correspondientes para el traslado de los fondos.

Ahora, la Secretaría de Finanzas deberá comenzar de cero para identificar los fondos del año en curso.

“Exigimos que se identifiquen de inmediato los fondos necesarios y se autorice su traslado para avanzar con la cancelación de nuestros compañeros y compañeras”, dijo Lesly Huete, secretaria general de la junta directiva central.

“No nos vamos a mover hasta reunirnos con una comisión especial con amplias facultades para tomar decisiones y resolver, de forma urgente, esta problemática”, agregó.

Entre las demandas del Sitraina también figura la incorporación de decenas de trabajadores y trabajadoras al régimen del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Asimismo, que el INA incorpore en el presupuesto de 2025 un renglón de pasivo laboral, facilitando así el pago de prestaciones para aquellas personas que entrarán en edad de jubilación obligatoria.