Desde noviembre de 2023 hasta abril de este año, el salario mínimo perdió más de un tercio de su capacidad de compra. Esta caída, sumada a retrocesos anteriores, dejó al salario mínimo en su nivel más bajo en términos reales desde la década de 1990, incluso por debajo de los niveles observados durante la crisis de 2001.

Hoy, el salario mínimo apenas alcanza para cubrir el 58,1% de la canasta básica alimentaria que define la línea de indigencia para una familia tipo, y representa poco más de una cuarta parte de la canasta total de pobreza.

A pesar de las cuatro reuniones del Consejo Nacional del Empleo en 2024, todas concluyeron sin acuerdo, dejando en manos de la Secretaría de Trabajo la definición de incrementos, que prácticamente replicaron las propuestas del sector empresario. Así, entre el último ajuste de 2024 y abril de 2025, se produjo una nueva pérdida del 7% en términos reales.

El informe advierte que, si el salario mínimo no hubiese sufrido retrocesos desde 2015, hoy debería ubicarse cerca de los $700.000. En cambio, la política oficial dejó un salario devaluado, que ya no cumple su función histórica de garantizar un piso salarial digno ni de combatir la desigualdad.