La candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Carolina Píparo repitió la acción de su jefe politico, Javier Milei, y pidió que el Tribunal en lo Contencioso Administrativo ordene el dictado de una medida cautelar autónoma mediante la cual se avance en la “suspensión de resoluciones y actos administrativos emanados por la el Gobierno de la provincia a de Buenos Aires, los que comprometen los actuales recursos” más allá del 10 de diciembre. 

Entre las resoluciones que la actual diputada busca dar de baja se encuentran los procesos de regularización de empleo público y el desarrollo de la obra pública en territorio bonaerense. 

La presentación fue elevada esta semana y lleva la firma de la platense que quiere gobernar la provincia junto con el abogado Federico Bojanovich, el abogado libertario que quiere ganarle las elecciones a Mario Secco y convertirse en el próximo intendente de Ensenada. 

La maniobra generó un rápido rechazo el arco estatal provincial, que también replicaron algunos funcionarios de la primera línea de la gestión comandada por Axel Kicillof. 

El rechazo de ATE

El secretario general de ATE Bonaerense y secretario gremial electo de ATE nacional, Oscar de Isasi, remarcó que la candidata libertaria “plantea ajuste y desprecio ante los trabajadores y trabajadoras”. 

“La medida cautelar intentada no es más que una acción temeraria, fundada en la falsa pretensión ‘de cuidar las arcas estatales’, enmarcada en el interés de una persona que solo busca publicidad electoral, con total desconocimiento y desprecio por los y las trabajadoras”, aseguró el referente sindical.

“Nosotros en forma conjunta con el gobernador Kicillof planteamos un Estado participativo democrático y popular que garantice un proyecto de soberanía, trabajo y producción. Para esto necesitamos trabajadores dignificados y jerarquizados, convenios colectivos, condiciones laborales y salarios dignos”, agregó el representante estatal.

Kicillof suele decir que los trabajadores públicos son los maestros y maestras que educan a los niños y niñas boanerenses, los policías que cuidan las calles y llevan seguridad a los vecinos de los 135 municipios y los médicos que trabajan en los hospitales de toda la provincia. De esa manera, el gobernador reivindica el rol del Estado y de las partes que lo componen, en este caso puntual, los trabajadores y trabajadoras.

Para Píparo, según se desprende del escrito presentado ante la Justicia, las resoluciones administrativas del Gobierno provincial sólo buscan “asegurar la presencia de militantes propios en los cuadros del Estado; beneficiar al partido que hoy está en el poder; entorpecer el funcionamiento futuro de la nueva fuerza política, con el consecuente incremento del gasto y desaprensión por el pueblo que deberá hacer frente a éste”.

La respuesta de ATE

Ante esa postura, el comunicado de ATE ratifica el camino para regularizar el empleo público, “avanzando en el pase a planta permanente de los y las trabajadoras que no tienen estabilidad laboral, y para seguir invirtiendo en un Estado fuerte al servicio de las mayorías populares”. 

“Hay que profundizar un proceso de reparación de derechos para nuestro pueblo, para nuestros compatriotas, no puede concebirse bajo ningún punto de vista como un gasto, sino por el contrario, se trata de una inversión que marca un modelo de Estado que interviene en la realidad cotidiana de nuestra gente, con decisión política, para resolver y dar respuestas a los problemas urgentes, pero también para avanzar en una planificación y agenda que tenga como centralidad los intereses de nuestra clase trabajadora: salud, educación, vivienda, medio ambiente sano, trabajo digno, bienestar de las niñeces y jubilados; igualdad y equidad de derechos”. "En definitiva -asegura- justicia social”.