Por: Alfonso de Villalobos.

La criptoestafa en la que se encuentra involucrado el presidente Javier Milei generó respuestas diferentes entre los sectores del movimiento obrero.

Si bien la CGT estuvo más rápida de reflejos que lo habitual y emitió un comunicado a menos de 24 horas de estallado el escándalo, allí solo expresó su preocupación y calificó la operación de «maniobra financiera fallida y sin respaldo».

En el mismo texto, la central obrera le ofreció al gobierno la oportunidad de «dar una explicación exhaustiva y coherente respecto de las razones que lo motivaron a publicitar la criptomoneda» y reclamó «un total esclarecimiento de los hechos».

La conducción de la CGT no se pronunció sobre el pedido de juicio político que distintas bancadas presentaron en el Congreso. Tampoco una vez que se conoció el rechazo de la Cámara alta a promover una comisión investigadora sobre el mandatario.

A su vez, el gobierno adelantó su intención de profundizar la agenda de ofensiva contra los trabajadores. Lo hará impulsando una «verdadera reforma laboral», condicionando las paritarias con un techo del 1% de aumento mensual de salarios y, entre otros puntos, desregulando el sistema de obras sociales. Sin embargo, la CGT no vio en el escándalo que golpea al presidente una oportunidad para revertir la relación de fuerzas y retomar la calle.

Según pudo saber Tiempo, la conducción tampoco reunió a su mesa chica que, prometieron otra vez, se convocaría esta semana. El Consejo Directivo tuvo su última reunión el 25 de julio.

El viernes se conoció un nuevo comunicado de la CGT en el que expresó sus condicionantes a un posible nuevo acuerdo con el FMI sin hacer mención alguna a la criptoestafa y, por lo tanto, aportando a una relegitimización del Poder Ejecutivo ante la opinión pública internacional.

Los que sí se pronunciaron fueron las dos CTA, que en un comunicado común expresaron su apoyo al juicio político a Javier Milei en tanto lo acusaron de haber participado en la «promoción de una estafa con criptomonedas que perjudicó a cientos de miles de personas para beneficiar a un reducido grupo de delincuentes». El documento planteó que «las CTA expresamos nuestra absoluta condena de esta inadmisible e insólita conducta».

Hugo Yasky, titular de la CTA-T y diputado nacional, señaló a Tiempo que «seguir en una especie de ficción o demencia colectiva, haciendo de cuenta que aquí no ha pasado nada, sería debilitar al extremo el Estado de derecho. Implica impregnar de una toxina de parálisis a la Cámara de Diputados, al Senado y al sistema judicial». Por eso, para el dirigente, «más que como una oportunidad para intervenir lo veo como un reto para toda la sociedad y para la democracia».

Hugo «Cachorro» Godoy, titular de la CTA-A, dijo: «Reforzamos un camino de confrontación con este gobierno».

Consultados sobre si el impacto de la votación en el Senado contra la comisión investigadora no obligaba a tomar el camino de la lucha callejera, Godoy señaló que «hay dos fechas en marzo que son el 8 y el 24, y hay un compromiso de nuestras centrales de trabajar activamente por esas movilizaciones y preparar las condiciones para que se concrete un paro nacional. Existe la posibilidad de un juicio político que permita terminar con esta locura de gobierno».

Los principales miembros de la mesa chica de la CGT prefirieron mantener el silencio pero Tiempo pudo conversar con Omar Plaini, miembro del Consejo Directivo y referente de la corriente Frente Sindical. Plaini señaló que para una definición «hay que esperar la reunión de mesa chica. Pero tampoco la oposición pareciera tener una posición unificada con respecto al gobierno. No hay que cargar solamente contra la CGT. Es impropio e inadecuado. La CGT hace su trabajo y nunca gobernó el país».

Para Plaini, «hay que plantearle a la sociedad argentina que lo que dice el presidente acerca de que el mercado es el bien y el Estado el mal es una falacia y que estamos frente a un hombre que actúa como un tirano».

Yasky confió que «no sé qué pasa en la CGT pero convivo diariamente con diputados que son importantes y forman parte de la conducción y compartimos esta mirada y el reclamo de juicio político. Hay un diálogo todavía soterrado con dirigentes de la CGT pero la gravedad de la situación amerita que empecemos a levantar las empalizadas que eventualmente nos están separando de distintas expresiones del movimiento obrero porque es necesaria una acción común. Ya no se puede alentar ningún tipo de diálogo con este gobierno». «

No inician clases en todo el país

Todos los sindicatos docentes del país acordaron el no inicio de clases para el lunes 24 de febrero.

La medida es de alcance nacional pero, en concreto, afectará a las 12 provincias en las que el calendario escolar fija el inicio para esta fecha. Tanto CTERA como UDA y otras entidades de base de la CGT pautaron también un paro de 24 horas para el 5 de marzo cuando debiera completarse el inicio en todas las provincias. Los gremios fijaron la medida en reclamo a la conformación de la paritaria nacional docente que el gobierno terminó convocando a última hora del jueves.

Los sindicatos exigen actualizar el haber mínimo docente nacional fijado en $420 mil desde julio del año 2024.

El valor resulta un piso de referencia para las negociaciones concretas que se realizan a nivel provincial y también oficia de referencia para la pauta de aumentos en términos porcentuales.

Lo acordado allí tiene impacto en el salario de los docentes de universidades nacionales en tanto el mismo constituye lo que se conoce como garantía salarial y oficia de piso para la categoría testigo de jefe de trabajos prácticos con dedicación semi exclusiva.