La diputada nacional Lorena Matzen (UCR-Río Negro) impulsa la iniciativa que propone que las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino, en el marco de Ley N° 26.425, sean bonificadas en "un 50% durante los dos primeros años de relación laboral, y otro 25% durante los dos años subsiguientes".

En los fundamento el proyecto señala que según un estudio realizado por la empresa de trabajo Adecco, "en Argentina, el 80% de las ofertas de empleo son para personas menores de 40 años de edad, y unas 800.000 personas mayores de 45 años no pueden volver al mercado laboral, sean o no profesionales, por lo que la problemática no se relaciona directamente con el grado de formación académica".

En ese sentido, se indicó que esos postulantes están ausentes en los avisos de búsqueda de empleo y de las oportunidades que se abren para nuevos puestos y que ante el primer contacto con las compañías mediante programas digitales que exigen datos personales entre los que siempre figura la edad, son descartados sin siquiera tener la chance de una primera entrevista personal en la que pueda demostrar sus habilidades.

Matzen también se refiere a las consecuencias psicosociales originadas en la exclusión de este colectivo de los circuitos laborales. Pero asegura que su proyecto "no tiene una mirada asistencialista, ya que apunta a poner en valor la enorme capacidad de este segmento etario compuesto por personas jóvenes y en plena edad activa".

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegura que "las economías que tienen una fuerza de trabajo en promedio de mayor edad tienen más probabilidades de experimentar una aceleración de su crecimiento".

La diputada señaló que "somos conscientes de que el problema del desempleo no atañe sólo a los mayores de cuarenta años, pero también conocemos múltiples programas y planes de empleo para los segmentos jóvenes y si a eso le sumamos que cada vez más empresas apuestan por perfiles juveniles o de recién graduados, nos encontramos con la exigencia de pensar en mecanismos que atiendan la situación de este colectivo etario".

El proyecto estipula una vigencia de 4 años para el régimen "Segunda Oportunidad" y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 120 días para su reglamentación.