Incumplimiento del pago de haberes, alcances de las actividades exceptuadas, extinciones de contratos y suspensión de personal. Estas son parte de las cien mil consultas que hicieron los trabajadores desde la vigencia del aislamiento ante el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad.

Desde el 20 de marzo, la cartera a cargo de Claudio Moroni habilitó distintos canales de comunicación para realizar denuncias relacionadas al empleo durante la pandemia de COVID-19. Según un informe realizado por el ministerio de Trabajo, hasta el 23 de junio se recibieron 99.854 consultas telefónicas, mientras que también llegaron otros 55 mil mensajes a través de emails y redes sociales.

Los casi cien mil llamados se concentraron casi en su totalidad en la Ciudad de Buenos Aires y en el Territorio bonaerense, ya que el 50 % fueron realizadas por personal que trabaja en Capital Federal y el 44 % del territorio bonaerense ( el 2% fueron comunicaciones de Córdoba; el 1 % de Tucumán; y 4 % del resto del país).

El 87 % de las denuncias tuvieron que ver con trabajadores (85 %) y empleadores (9 %) relacionadas a sus derechos, obligaciones y los alcances de la reglamentación. De estos llamados, el 30 % tuvo problemas con el pago íntegro del salario. Las denuncias fueron hechas por empleados a los que les recortaron los haberes desde marzo por pertenecer a actividades no esenciales que debieron bajar las persianas durante el aislamiento.

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Según el informe al que accedió PERFIL, el 22 % de los que se comunicaron con el ministerio de Trabajo tuvo dudas sobre si debía prestar servicios y si su empleo estaba dentro de las actividades exceptuadas que fueron habilitando desde el inicio del aislamiento. El 10 % si le corresponde licencia laboral, y el 8 % por extinciones de contratos.

Aunque hasta ahora se trata del 4 % de las quejas, en los últimos días el número de llamados sobre la suspensión de personal comenzó a crecer. A fines de abril, ante la caída de la actividad económica y la posibilidad del cierre de empresas y comercios, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), acordaron un marco normativo ante la posibilidad de las suspensiones laborales.  La prestación no remunerativa no podrá ser inferior al 75% del sueldo neto, con pago de aportes y contribuciones a la obra social y cuota sindical. Según este acuerdo que fue prorrogado a principio de junio, se debe garantizar la continuidad de los puestos de trabajo mientras dure la suspensión.  

Además de los llamados de trabajadores y empleadores, también hubo consultas de desocupados. Se trata del 4 por ciento de las comunicaciones, que en su mayoría tuvieron que ver con cómo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia. Un 2 % de las consultas fueron de beneficiarios de distintos programas a cargo del ministerio de Trabajo.