Por Luis Autalan

La Cámara de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto las actas sobre alternativas para aplicar intereses en las sentencias por juicios laborales y redactar una nueva. A partir de esta tesitura cada sala del tribunal tiene libertad para disponer la tasa correspondiente, lo que deja también sin referencia a los jueces de primera instancia a la hora de fallar. Algunos abogados laboralistas consideraron que la diversidad en fallos para una importante cantidad de juicios gravitaron en tal decisión pero sobre todo las fricciones con la Corte Suprema.

Esta novedad judicial tuvo lugar luego de que la Corte objetó ajustes en los juicios laborales donde las sentencias por indemnizaciones llegaron a tener la aplicación de hasta un 20.000% más que la resolución en primera instancia, que había tenido lugar diez años atrás.

En efecto, el máximo tribunal del país con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sentó postura en las actuaciones que trascendieron en el fuero laboral como "Caso Oliva", y decidió descalifcar la decisión de la CAT por arbitraria.

El mecanismo de actualización que cuestionó la Corte comprende la aplicación de las tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda, porque no estaba respaldado por el Código Civil y Comercial.

Los magistrados supremos consideraron que por esa vía el cálculo determinaba "un resultado económico desproporcionado", y para el "Caso Oliva" habían dejado sin efecto una sentencia que definía la capitalización sucesiva de intereses sobre intereses.

Por línea de criterios a posteriori de esa decisión de la Corte, la CAT la semana pasada decidió "barajar y dar de nuevo", según estimaron en ese fuero. Por un lado revocó todas las actas dictando una, la 2788/204, donde propicia la libertad de acción para que cada sala, en cuestión de tasas de interés, aplique el criterio que considere conveniente y de esta manera evitar fricciones con la Corte.

Dentro del fuero laboral aprecian que existen dos criterios bien marcado en la CAT: los magistrados que mantienen un "criterio prudencial" y el otro donde predomina una "mejor predisposición" para las organizaciones gremiales y por ende los derechos de los trabajadores.

Va de suyo como una postal más de época, y según pudo saber este diario, que en este escenario juega la inocultable grieta política que también se verifica en otros poderes del Estado.

La gama tiene nitidez, ya que los jueces del último grupo evalúan la posibilidad de dictar la inconstitucionalidad de la norma que prohíbe las indexaciones mientras que dentro del grupo con "criterio prudencial" se han definido decisiones donde el único ajuste que se aplica, sin otro tópico, es el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).