Por: Alejandro Di Biasi.

El índice inflacionario del 6 por ciento de enero alteró los planes del Gobierno, que ve cómo pasan los meses sin poder desacelerar los precios, al tiempo que pone en peligro la posibilidad de fijar una pauta salarial del 60 por ciento para todo 2023. Los últimos números revelados por el INDEC potencian la conflictividad, no solo desde las organizaciones sociales, sino en los sindicatos que sospechan de mayores complicaciones a la hora de lograr mejoras salariales y laborales.

El ministro de Economía, Sergio Massa, logró alinear a dos gremios dentro de su pauta paritaria: los municipales porteños (SUTECBA) de Amadeo Genta y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Roberto Fernández. El primero cerró por un 60 por ciento anual con revisión, mientras que  los choferes de colectivos lograron una suba que no llega al 30 por ciento por seis meses, descartando medidas de fuerza en un sector sensible para la sociedad.

Sin embargo, la realidad es más compleja y no todo sale como lo piensan desde el Palacio de Hacienda. Las protestas comienzan a acumularse desde fines de enero, justamente al calor de una suba de precios constantes que no logran domar a pesar de los acuerdos con los empresarios.

Protestas, paros y movilizaciones en distintas actividades

Después de semanas de discusiones, la conducción de la Asociación Bancaria (AB) anunció un paro nacional para el jueves 23 ante la falta de acuerdo salarial y promete ponerse más dura si las patronales siguen dilatando un aumento. La disputa resulta llamativa teniendo en cuenta que se trata de una actividad con alta rentabilidad que el año pasado resolvió rápidamente la reapertura de la paritaria.

El sindicato de Televisión (SATSAID) viene realizando originales protestas como una manifestación en las puertas de la casa de Gran Hermano (con más de 25 puntos de rating y amplia visualización en la redes). El gremio que lidera Horacio Arreceygor, ya hizo un cese de actividades en los canales abiertos y productoras. Sostienen que "estamos en una situación muy complicada porque ya van varios años que venimos perdiendo contra la inflación".

En tanto, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) - SSIP, SUVICO, SIVISEP, UPSAP y UESEVI- declaró el estado de alerta y movilización y tienen previsto un cese de actividades en caso de que la patronal (CAESI) no mejore la propuesta salarial; mientras que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestó su malestar por la demora en la revisión salarial. El secretario General de los peones rurales, José Voytenco, advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas de fuerza y remarcó: "Sabemos las dificultades que enfrentan muchos compañeros y quiero que sepan que vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Aunque cerraron su paritaria 2022 casi sin conflictos, los empleados bancarios anunciaron paro para el jueves 23.

La Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA), por su parte, está esperando que la patronal mejore la última oferta salarial. El titular del gremio,  Raúl Vázquez, explicó: "Aplicamos un plan de lucha que incluyó una huelga en las actividades de las terminales TRP y Terminal 4", y agregó: "Esperemos que atiendan la situación del personal, ya que estamos cobrando salarios por debajo de la línea de la pobreza".

El Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio solicitó el reconocimiento como horas extras de aquellas trabajadas el sábado a partir de las 13 horas y los días domingos. Si bien muchos empresarios decidieron adelantar una suma a cuenta para descomprimir la tensión, el secretario General del gremio, Carlos Acuña, sostiene que esto debe incorporarse al convenio colectivo al tiempo que advierte que la discusión está complicando la paritaria.

Viene marzo con Consejo del Salario Mínimo, Comercio y Domésticas

En el plano estatal, se están discutiendo las paritarias de docentes y administración pública (ambas a nivel nacional) y los maestros, judiciales y profesionales de la salud bonaerense. Pero ya se destapó un conflicto en el sector, porque la Asociación del Personal de Previsión Social (APOPS), gremio mayoritario de la ANSES, también anunció el estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo. El titular del sindicato, Leonardo Fabre, advirtió: "Tomaremos las medidas de fuerza que creamos convenientes, si no hay una mejora que nos permita sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras".

Fuentes gremiales indicaron a iProfesional que "la situación solo puede distenderse si hay una calma a partir de febrero y marzo, con la posibilidad de establecer una pauta inflacionaria del 4 por ciento" y aclararon que "puede ser que algunas organizaciones acepten un 30 por ciento por seis meses con revisión".

Señalaron que "marzo será un mese bisagra, porque comienzan algunas paritarias importantes". Entre ellas se destaca la del Sindicato de Empleados de Comercio, que cerró por un 101 por ciento anual y, de continuar con este proceso inflacionario, tendrá que reclamar un ajuste y comenzar a negociar el aumento para el período 2023-2024". También hay que recordar que el mes próximo el Ejecutivo debe convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que llegará a 69.500 pesos; una vez cerrado, llamará a la Comisión Salarial del Personal de Casas Particulares, más conocido como personal doméstico.

Negociaciones: Hurlingham abrirá las paritarias todos los meses

Los voceros consultados relataron que "más allá del respaldo que pueda dar la Confederación General del Trabajo (CGT) o cualquier espacio gremial a la gestión de Massa, cada gremio decide cuánto reclama de aumento salarial, porque sabe cómo está su actividad", agregando que "el proceso inflacionario de los últimos años amplió el menú de negociaciones".

Con 6% de inflación en el primer mes, el plan de Massa de mantener los aumentos de sueldo en el 60%, se dificulta.

Por ejemplo, los mecánicos de SMATA de Ricardo Pignanelli tienen aumentos automáticos cada tres meses que las terminales cumplen y se complica un poco más en las autopartistas y concesionarias. En ese repertorio de discusiones salariales, apareció el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, con la novedad para este año de que abrirá paritarias todos los meses. Además, ya otorgó una mejora del 15 por ciento del sueldo básico para las categorías inferiores y del 10 para el resto de las categorías, más un bono de $10.000 por hijo para los que cobren Asignaciones Familiares que otorga ANSES y tengan menores escolarizados.

Quien trata de mostrarse como una virtual aliada a los gremios, es la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, quien sostuvo: "Es importante quebrar la inflación. Los trabajadores no registrados quedaron abajo de la inflación. Cuando hay alta inflación los salarios corren atrás de los precios" y anunció: "Si no logramos quebrar la alta inflación vamos a convocar a la reapertura de paritarias". Sostuvo además que "la suma fija se ha utilizado cuando salimos de procesos largos de no paritaria. Si ponemos un aumento de suma fija, le quitamos poder a la negociación salarial y no va a mejorar la capacidad adquisitiva".

Los salarios perdieron contra la inflación en 2022

Más allá de los dichos, lo concreto es que el Gobierno no cumplió con su promesa de que los salarios le ganen a la inflación. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de salarios creció durante 2022 un 90,4 por ciento, con lo que se ubicó 4,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación, que fue del 94,8 el año pasado. Concretamente, los haberes del sector privado registrado aumentaron 93,8 por ciento; los empleados públicos, 99,4; y los trabajadores no registrados perdieron "por goleada" con una suba del 65,4 por ciento.

Quizás el mejor estudio de la actual situación este revelado en un informe de la CTA Autónoma, que apunta que este año la economía crecerá por tercer año consecutivo, aunque esto no permitió recuperar el salario real. Detalló que "una economía en crecimiento y un mercado de fuerza de trabajo donde el empleo formal siguió recuperándose no se tradujeron en una mejora salarial", y graficó: "El salario promedio anual de los trabajadores registrados medido por el RIPTE cayó durante los tres años del gobierno de Alberto Fernández y el escenario todavía impide hacer proyecciones para el 2023". Si se incluye la gestión de Cambiemos, "el retroceso del salario promedio anual se registró en seis de los últimos siete años, con la única excepción de 2017".

Para profundizar las contradicciones del actual modelo, afirmó que "la tasa de desempleo se encuentra en los valores más bajos de los últimos años, la cantidad de asalariados registrados en el sector privado creció de manera ininterrumpida entre enero de 2021 y octubre de 2022, y descontado el crecimiento vegetativo de la población se encuentra en los niveles más altos desde fines de 2019".