Un insólito conflicto se suscitó en el ámbito político y sindical, luego de que el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, presentara una denuncia contra Alejandro Capalbo, referente de la actividad de control de admisión y permanencia de Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), por supuestas amenazas derivadas de un audio.

El detonante de la tensión entre la organización sindical y la cartera laboral bonaerense fue el respaldo del organismo a la aplicación de un convenio colectivo de trabajo (CCT) de un sindicato que no posee personería gremial para negociar convenios en el ámbito de las empresas de seguridad: el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), cuyo titular, Leandro Nazarre, mantiene vínculos cercanos con el gobierno de Javier Milei.

Tras eso, un allegado del Ministerio de Trabajo bonaerense le dijo a Capalbo que Lorenzo le agradecía “a los compañeros por la publicidad gratuita”. El funcionario aludía así a las notas periodísticas que dieron cuenta de la irregularidad mencionada en torno a SUTCAPRA.

A lo que el representante de UPSRA le contestó que “que no es un compañero” y “se la banque”, en relación a la exposición pública que tuvo el tema. El tercero en cuestión le preguntó si eso era una “amenaza”, a lo cual Capalbo respondió que “de ninguna manera”, y que se refería solamente a la difusión mediática que estaba teniendo el conflicto.

En el mensaje, Capalbo mencionaba también risueñamente que "cuando me cruce con él en un acto (N. de R. a Juan Pablo Lorenzo), le voy a dar un gran abrazo", lo que fue una expresión coloquial para expresar que no había rencor, lejos de resultar una amenaza.

Sin embargo, el allegado del ministerio le filtró el audio a Lorenzo, quien decidió interpretar el tono del audio como una amenaza y radicó una denuncia penal en una fiscalía de la capital bonaerense, lo que generó una nueva confrontación inesperada dentro del ámbito sindical y político.

La postura de Capalbo

Capalbo no tardó en manifestar su rechazo a la denuncia, considerando que la acusación carece de fundamento. En sus declaraciones, el dirigente sindical criticó la actuación de Lorenzo, señalando que no solo fue una acusación infundada, sino que, además, según él, percibe un intento de seguir interfiriendo a favor de SUTCAPRA en el conflicto de representación que mantiene con UPSRA.

"Esto es una jugada política. La denuncia llega justo después de las elecciones internas en UPSRA. Hay que tener en cuanta que días antes ellos salieron a apoyar a SUTCAPRA, siendo que Nazarre iba como candidato a Tesorero por la opisición en las elecciones de nuestro gremio", señaló Capalbo.

#GRAVE ‼️

Funcionarios de Trabajo bonaerense patean en contra de Kicillof y respaldan la aplicación del CCT de un sindicato sin personería gremial para negociar con empresas de seguridadhttps://t.co/KCOBHX2OY8

— Data Gremial (@DataGremialCom) December 6, 2024

El conflicto toma una dimensión aún mayor por el hecho de que Juan Pablo Lorenzo no solo ocupa su cargo como funcionario provincial, sino que también es dirigente sindical del Sindicato de Obreros, Empleados y Especialistas de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Plata (SOEESITLP). En este sentido, la denuncia se produce en un contexto donde el código implícito dentro del sindicalismo establece que no deben hacerse denuncias entre dirigentes sindicales.

Según este código no escrito, las disputas y desacuerdos deben resolverse en ámbitos de diálogo y no a través del sistema judicial. De acuerdo con Capalbo, Lorenzo rompió este código al presentar la denuncia, lo que provocó un quiebre en las relaciones entre los dirigentes.

Por otra parte, Calpalbo sostiene que, para realizar la denuncia, Lorenzo contó con la anuencia de Andrés Reveles, subsecretario de Relaciones del Trabajo, y del propio titular de la cartera laboral, el también sindicalista Walter Correa.

La actitud rara de los funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense

Capalbo también cuestionó fuertemente la actitud de los funcionarios, quienes, según denunció, "han tomado partido a favor de SUTCAPRA y en contra de UPSRA". Además, subrayó que esta postura no solo es un error legal, sino que también tiene implicancias muy graves para los trabajadores de seguridad.

Cabe recordar que Lorenzo y Reveles se mostraron públicamente a favor de la aplicación de un convenio colectivo de trabajo (CCT) de SUTCAPRA, un sindicato sin personería gremial para actuar en el ámbito de las empresas de control de admisión y permanencia. Esto generó desconcierto y rechazo entre los representantes de UPSRA, que consideran que los funcionarios están tomando partido en un conflicto sindical de manera ilegal.

"Estos funcionarios no pueden desconocer la ley. O son incompetentes, o hay algo más detrás", había dicho en aquella oportunidad Capalbo, al tiempo que había agregado que esta situación está perjudicando a los trabajadores, ya que el convenio de SUTCAPRA ofrece condiciones laborales inferiores a las que estipula el convenio de UPSRA, que es el sindicato con personería gremial para este sector en todo el país.

Capalbo (derecha) tras una reciente mediación, casualmente en Trabajo bonaerense, donde su gremio le había torcido el brazo a SUTCAPRA en un conflicto de representación vinculado a los recitales de Los Piojos en La Plata..

La presión sobre las empresas y la falta de imparcialidad

Un aspecto especialmente preocupante para Capalbo es que, según denuncian desde UPSRA, algunos conciliadores del Ministerio de Trabajo están presionando a las empresas para que apliquen el convenio de SUTCAPRA, basándose en la mencionada resolución que no tiene validez.

"Un conciliador no puede tomar partido por ninguna de las partes. Sin embargo, algunos funcionarios están presionando a las empresas con esta resolución apócrifa para que apliquen el convenio de un sindicato que no tiene personería gremial", señaló también en aquel entonces el referente de UPSRA en territorio bonaerense.

En medio de esta tensa disputa, se prevé que el conflicto siga escalando si no se logra un acuerdo claro sobre las competencias de cada sindicato en el sector de la seguridad privada y sobre la interpretación de las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, la denuncia presentada por Lorenzo a Capalbo sigue generando repercusiones, revelando las complejas relaciones políticas y sindicales que atraviesan el Ministerio de Trabajo y el sector.