La interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato de los colectiveros, fue sacudida por el testimonio judicial de un trabajador que admitió haber recibido dinero de parte de las actuales autoridades del gremio para incriminar al principal referente de la oposición, Miguel Bustinduy. La declaración se produjo en una causa que investiga las responsabilidades en los incidentes de diciembre de 2019 cuando una protesta de choferes terminó con la toma de la sede central del gremio por varias horas. Y apunta contra Roberto Fernández, secretario general, y sus apoderados de confianza.

El testimonio de Juan Seguí, presentado ante el expediente el mes pasado y al que accedió Ámbito esta semana, destaca que recibió como paga 4 millones de pesos a cambio de señalar a Bustinduy como responsable de la refriega y toma del edificio el 16 de diciembre de 2019. El gremialista, que encabeza la lista “Juan Manuel Palacios” de la UTA, alega que de ese modo no sólo se buscó asociarlo a eventuales delitos sino, de ese modo, marginarlo de la elección interna del sindicato pautada para septiembre de este año. El “arrepentido” es uno de los imputados en el expediente que analiza los incidentes dentro del sindicato y conduce un programa radial relacionado con la actividad de la organización.

Junto con la declaración fueron incorporados a la causa grabaciones en las que, siempre según el mismo testimonio, el abogado Silvio Piorno, apoderado del sindicato y del propio Fernández, arreglaría con Seguí el tenor de sus dichos judiciales y el consecuente pago en efectivo, así como fotos de un aparente encuentro entre ambos. En la presentación se menciona además a otro testigo, en este caso de identidad reservada pero supuestamente también contactado por la conducción del gremio con el mismo fin, y a otro abogado, Juan Manuel Risi, primer vínculo de Seguí con la jefatura de la UTA en marzo de 2021.

“El abogado (Risi) me dice que tiene contactos con la UTA y que a mí me convenía defenderme individualmente, que le podíamos sacar plata a la UTA, que él trabajó con un caso de la Uocra y que se dedicaba a los casos penales gremiales. Me dijo que necesitaba que yo declare contra Miguel Bustinduy, Alejandro Borelli, Walter Osvaldo Fernández ‘Mafalda’, Carlos Franco y Morandi. También me pidió que si podía señalar a algún otro que lo haga, que ellos querían armar la causa, que desde el gremio estaban interesados en sacar del medio a la agrupación Palacios”, señala la declaración de Seguí.

A continuación el testigo dijo que pidió 250 mil dólares a cambio de una declaración de esas características y que la negociación se extendió hasta el 14 julio del año pasado, cuando en una nueva reunión en un bar de Urquiza y San Juan, en la ciudad de Buenos Aires, llegó Risi con otro abogado: “se presentó, era el doctor Silvio Piorno, abogado de la Mutual de UTA y abogado personal de Roberto Fernández, según me dijo, eso me llamo la atención (…), reafirma cada palabra de Risi, que quería a todos los que estaban en la agrupación Palacios que los involucre como que esto estaba orquestado desde antes (el asedio a la sede del gremio y la toma del edificio), que nunca fue la intención dialogar, sino entrar a romper todo, que participaron los barras, que Miguel Bustinduy estaba involucrado como el organizador. También tenia que nombrar a los duenos de DOTA (empresa de colectivos de las más importantes del AMBA y donde el referente opositor se hizo fuerte como delegado), como que estaban atrás de todo eso, como que estaban arreglados con Bustinduy”.

De acuerdo a lo expuesto por Seguí, ante la negativa de los abogados a su pedido de 250 mil dólares le habrían contraofertado 2 millones de pesos. Como respuesta el “arrepentido” dijo haber exigido 4 millones de pesos a lo que sus interlocutores supuestamente habrían accedido. A la semana siguiente se habría concretado el pago en otro encuentro, en una plaza de Ezeiza, entre Seguí y los abogados Risi y Piorno. En esa instancia el testigo dijo haber firmado una declaración por escrito y que los letrados le avisaron que en diciembre debería presentarse en el expediente sólo para ratificar el tenor de aquel texto.

Desde entonces y hasta febrero el vínculo entre el testigo y los abogados se enrareció: Seguí aguardaba ser exculpado de la causa (un trabajador del gremio lo había señalado como partícipe de los incidentes) y además les recriminaba a Risi y Piorno que el texto de su declaración incorporada al expediente no era el mismo que el que le habían dado para firmar. El 3 de marzo finalmente el “arrepentido” se presentó en Tribunales con un pen drive con las grabaciones de la charla con Piorno, así como capturas de chats y fotos de un encuentro con el abogado. Dijo además que su vida “corría peligro” luego de constatar que en el estado de whatsapp de Piorno figuraba la frase “las personas que dan su palabra y no la cumplen, un día se quedan sin palabras”, que suponía en alusión suya.

Fernández lidera la UTA desde 2008 y es una pieza clave de la CGT por su control sobre el transporte público de pasajeros por colectivos y, parcialmente, del subte. En esa condición negocia de manera constante con el Gobierno por los subsidios para el pago de los salarios de los choferes antes que con los empresarios del rubro. Bustinduy, con apoyo de DOTA y, sobre todo, de Hugo Moyano, rival de Fernández, intentará este año disputarle la conducción del gremio.