La toma por la fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desnudó ayer una interna sindical de años que se proyecta sobre la CGT y hasta el Gabinete de Alberto Fernández. Y pone en primer plano las diferencias insalvables entre el sindicalismo tradicional de la central obrera y los aliados de Hugo Moyano, a quienes sin embargo los une, por ahora, el apoyo al nuevo Gobierno.

La disputa se basa en el control de la UTA y se resume en dos pesos pesados: Roberto Fernández, el actual secretario general y un orgánico de la CGT, y el opositor Miguel Ángel Bustinduy, exsecretario de Organización del gremio y referente de la poderosa empresa DOTA, con más de un centenar de líneas de colectivos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Bustinduy, además, cuenta con el apoyo de Moyano.

Se trata de un llamado de atención para Alberto Fernández ante el alegado propósito del mandatario de poner en marcha un Consejo Económico y Social y un acuerdo de precios y salarios que demandarán del aval en bloque del sindicalismo, además de las cámaras empresarias. Hasta anoche el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tenía resuelto no intervenir de manera directa para evitar enfrascarse en una disputa que considera intrasindical.

La crisis tomó al Ejecutivo por sorpresa y en buena medida encuentra su explicación en la limitada respuesta del Presidente a las demandas sindicales por espacios en el Gabinete. Como relevó este diario, con excepción de Nicolás Trotta, ministro de Educación alineado con Víctor Santa María (jefe del gremio de encargados de edificios), ningún titular de las carteras nacionales le debe su cargo a la CGT. Tampoco las segundas líneas fueron integradas con dirigentes o técnicos propuestos por los gremios.

La única concesión de valor estratégico determinante que hizo Alberto Fernández a la central fue la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de la distribución de recursos y el control de las obras sociales sindicales. Allí nombró como superintendente al médico David Aruachan, surgido del consenso de la mesa chica de la CGT, tal como había adelantado este diario.

Por lo demás se debe bucear en los escalafones intermedios de los ministerios para encontrar funcionarios con pertenencia sindical: en Trabajo, por caso, fueron nombrados como asesor de Moroni el abogado Alberto Tomassone, proveniente de Comercio, y como directora de Asociaciones Sindicales Mónica Risotto (del gremio de taxistas).

Mientras que en Transporte se produjeron nombramientos de relieve y también los más irritantes para un sector del sindicalismo. Allí Moyano había reclamado que Mario Meoni pusiera como secretario a Guillermo López del Punta, un abogado que había ocupado el mismo cargo en la gestión de Eduardo Duhalde. Meoni no sólo desoyó ese pedido, que el camionero le había hecho en persona a Alberto Fernández durante un almuerzo días atrás, sino que nombró como su jefe de Gabinete al abogado Abel “Chavo” De Manuele, histórico asesor de la UTA.

Con pocos días de diferencia Moyano hizo saber su malestar en declaraciones públicas; su hijo mayor, Pablo, avisó que el gremio de Camioneros no se allanará al eventual pedido de la conducción de la CGT de posponer paritarias a cambio de un aumento por decreto, en el marco del acuerdo de precios y salarios, y terminó de estallar la crisis en la UTA a partir de un reclamo no del todo claro respecto de los pagos de haberes de DOTA. Los trabajadores de esa empresa, referenciados en Bustinduy, optaron por realizar una marcha hacia la UTA en lugar de focalizar su protesta en la sede de la empresa.

En la CGT y en la UTA atribuían la manifestación a una acción coordinada entre la compañía de la familia Faijá y el propio Bustinduy para presionar al nuevo Gobierno por la restitución de subsidios. En ese sentido, Roberto Fernández se hizo fuerte en el gremio en los últimos años a instancias de la constante negociación con los gobiernos, tanto de Néstor y Cristina de Kirchner como de Mauricio Macri, de los multimillonarios subsidios destinados al transporte público de pasajeros. El jefe del sindicato pasó en un abrir y cerrar de ojos de un apoyo lineal a Macri y reuniones constantes con el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a abrazarse a la gestión de Alberto Fernández apenas anunciado el resultado electoral.