El Gobierno intervino el quinto sindicato desde la asunción de Mauricio Macri. Lo hizo en la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Y Puertos (APDFA) por supuestas irregularidades en la última elección de autoridades, al tiempo que denunció a su líder por presunta sedición al alegar que impidió la posesión de las instalaciones a favor de un delegado normalizador. 

La intervención fue resuelta la semana pasada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y fue judicializada también por los perjudicados, que obtuvieron en su favor medidas cautelares en la Justicia laboral. Basados en esos dictámenes los directivos de APDFA aclararon que estaba en suspenso la asunción de los delegados de la cartera laboral. El gremio de jerárquicos de ferrocarriles y puertos se suma así a una lista de otras organizaciones nacionales intervenidas con suerte dispar por Cambiemos como el SOMU de los marítimos, la de vigiladores (UPSA), los canillitas (Sivendia) y la federación de azucareros (FEIA), además de otras de alcance distrital. 

La APDFA es un sindicato pequeño pero estratégico. Con alrededor de 3.500 empleados de rangos medios y altos afiliados y otro tanto que alega estar en condiciones de representar pero que se encuentran fuera de los convenios colectivos de trabajo del sector, es junto a los señaleros la franja minoritaria de trabajadores del sistema de trenes pero suficiente para paralizar las actividades. Así lo hizo el 26 de octubre de 2016 cuando frenó buena parte de los servicios de pasajeros y cargas en protesta por una quincena de despidos y la posibilidad (concretada un año y medio después) del desmantelamiento de Ferrobaires. 

El conflicto se remonta a noviembre pasado cuando APDFA encaró el proceso electoral que debía consagrar la reelección de Adrián Silva en el cargo de secretario general. Las empresas estatales del servicio ferroviario (no siguieron ese camino las privadas) presentaron impugnaciones con el argumento de que el universo de representación del gremio excedía la cantidad de trabajadores. A continuación lo hizo una lista opositora en uno de los 40 distritos en los que se divide la organización. La cartera laboral alegó entonces que no contaba con tiempo suficiente para analizar las impugnaciones y en esa línea dispuso suspender los comicios. 

Esa resolución abrió un sendero de idas y vueltas en la Justicia laboral, que en dos causas validó la posición del gremio: por un lado, con un aval provisorio a la elección y por otro, para impedir la asunción del delegado normalizador designado por Trabajo, Gabriel Bran. El interventor tiene historial en el sistema ferroviario e incluso lazos con José Pedraza, el exlíder de Unión Ferroviaria encarcelado por el asesinato de Mariano Ferreyra. Bran trabajaba junto a Graciela Coria, esposa de Pedraza, en una de las gerencias del Belgrano Cargas. También cobró protagonismo en internas del club de fútbol El Porvenir. 

El último capítulo del conflicto se produjo esta semana. Tras presentarse en la puerta del gremio como normalizador y luego retirarse (una filmación lo muestra mientras conversa con Silva) presentó una denuncia por presunta sedición contra el todavía secretario general ante el juzgado federal de Sebastián Casanello.