Kreplak designó para la obra social a los mismos interventores del sindicato, Conrado Reinke y Antonio Mazzeo, que tras remover el actual congreso directivo, nombrarán un Director médico para llevar recomponer la obra social. Además, la Justicia ordenó que Gendarmería allane los dos domicilios que Ostep tiene en la Ciudad con el objetivo de "tomar posesión y asegurar bienes".

Reinke dijo que su tarea es "devolver normalidad y gestión transparente a una entidad sindical que como mínimo había sido confundida con intereses particulares por sobre derechos de sus afiliados".

Para lograr la máxima transparencia que puede dar un Gobierno en un proceso de intervención de un gremio, los interventores solicitaron a Pedro Furtado de Oliverira, titular de la oficina país de la Organización Internacional del Trabajo que acompañe como veedor de todas las garantías que tienen los trabajadores y las entidades sindicales. Es la primer veeduría solicitada por un interventor en 99 años de existencia del organismo.

Según pudo averiguar LA NACION, la intervención había sido pedido luego de una auditoría realizada por quienes conducen actualmente el Soeme y se habían detectado varias irregularidades como conflicto de intereses respecto de las autoridades de la entidad, reclamos por defectuosa y/o inexistente prestación de servicios, reclamos por falta de pago a los efectores de salud y violación del derecho fundamental a la salud y a la vida por parte de la Ostep.

El primer fundamento para la intervención judicial había surgido por la cantidad de personas que ocupan cargos en la obra social y también lo hacían dentro del sindicato antes de ser intervenido. Nueve funcionarios que habían administrado de manera fraudulenta al SOEME, dirigían hasta hoy la obra social.

Los interventores notaron que un enorme porcentaje de afiliados especialmente habitantes del conurbano bonaerense y de numerosas provincias del país como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Juan, entre otras, estaría sufriendo hoy la ausencia total de las prestaciones que les corresponden por su aporte.

Según pudo averiguar LA NACION, se descubrieron severas irregularidades en la auditoría realizada, como inconsistencias entre el pago total liquidado en los recibos de haberes y el pago total depositado por Soeme en las cuentas sueldos.

El grueso de los trabajadores cobraban una parte en blanco y el resto del salario en negro, con la particularidad de que cobraban todo bancarizado, lo que hacía que el sindicato tuviera un potencial de juicios enorme. El sueldo con el cual estaban registrados promediaba los 8000 pesos y ni siquiera alcanzaba el salario vital y móvil, que es de $9500.

Los afiliados al gremio pagaban una gran cantidad de dinero por mes y, además de no obtener grandes beneficios, lograban préstamos a tasas exorbitantes, de entidades que nada tenían que ver con el Soeme.

Se descubrió, además, que existían entidades financieras privadas que a través del sindicato prestaban dinero a los trabajadores y recaudaban las cuotas mediante un código de descuento directo en el recibo de sueldo a tasas del 78% más IVA, que por ser trabajadores no inscriptos en la cuarta categoría no podían recuperar el IVA que conlleva a una tasa real del casi 100%. Además, los investigadores creen que hubo pagos sin facturar que superarían los 50 millones de pesos desde Soeme al Diario Hoy, medio platense del propio Marcelo Balcedo.