Carta documento por acá, carta documento por allá y al final una presentación ante la Justicia. La misma indica que más de 200 trabajadores contratados (locación de obra) hace cuatro meses que no perciben su salario. "Son contratos por un año, que al principio eran por tres meses, pero luego se fueron extendiendo", explica Seillant.

Y en el mismo sentido resalta que "es increíble que el estado provincial tenga empleados en negro, sin aportes, sin ART; la AFIP no lo permite, por eso es que en los próximos días vamos a acudir al organismo para mostrar que es lo que sucede" en la gestión que lleva adelante Pablo Di Liscia. Aclaró, con contundencia, que "estas irregularidades se dan con la venia y la protección de UPCN". 

La carta fue dirigida al Subsecretario de Capital Humano de la Provincia, dependiente de la jefatura de Gabinete, Daniel Maggi, y en ella se le pide que "arbitre los medios administrativos necesarios para que los trabajadores no estén en negro, es decir que no estén revistando bajo modalidades tan precarias que no contemplen ni aportes previsionales, ni ART, ni Obra Social, ni derecho a la antigüedad".

"Esta situación de precariedad ha sido denunciada en una pluralidad de ocasiones, pero al día de la fecha tenemos más de doscientos compañeros revistando bajo contrataciones totalmente prohibidas en nuestra jurisdicción, dado que se dan casos de trabajadores que a pesar de contar con siete años de antigüedad en sus empleos, no tienen perfeccionados sus derechos a la misma", se añade en la carta documento.

Y a modo de cierre, se resalta que "atento la flagrante ilegitimidad que impregna a estas contrataciones basura (conf. Doctrina Española) y el gran agravio que ocasionan, solicitamos que con caracter urgente se le ordene al presidente del IOMA regularizar a todos los trabajadores de servicios (sin discriminar los antecedentes de Profe salud - así lo indican) renovables anualmente de manera automática".

En diálogo con La Tecla, el mencionado Seillant dijo que desde el sindicato han mantenido reuniones en las diferentes regiones de la Provincia, donde la gente les manifestó que el 26 por ciento de los trabajadores contratados que como se dijo no cobran hace meses, cuentan con ese salario como el único ingreso. "Hay gente que no tiene para comer", enfatizó.

A manera de propuesta y exigencia, el titular del SUPTIOMA remarcó que "no hay que pagarles ni a los prestadores ni a los funcionarios hasta que el último contratado no cobre el último peso adeudado", haciendo hincapié que "esto también es parte de toda la corrupción que hace años venimos denunciado en la justicia penal".

"La situación es grave, hay decenas de compañeros que no pueden pagar alquileres, impuestos, destrozando la naturaleza alimentaria y su salud. Se encuentran angustiados de tanta desidia y maltrato", añadió Seillant, y en tono si se quiere amenazante, afirmó:  "No lo vamos a permitir, no más".

El derrotero judicial no concluye aquí. "Solicitamos la renuncia del Coordinador de Recursos de IOMA (Abogado) Guillermo Jordan Linch por incumplimiento de los deberes de funcionario público (UFI N*6) por delitos complejos", explicó Seillant, entre otras cosas por el no pago de salarios a cinco auditores de la Obra Social que habían sido echados y luego reincorporados por la Justicia laboral.

Idelmar Seillant

Es importante remarcar que desde el SUPTIOMA se castigó tan fuerte a la administración Scioli como la de Vidal. Por caso, a finales del año pasado, Seillant decía a este medio que "las estructuras perversas y corruptas persisten en el gobierno. Los trabajadores honestos no tienen injerencia en nada”, advertía.

Y completaba señalando que "detrás de cada prótesis hay un médico que la prescribe, entra a IOMA y hay que auditar la pieza. Los casos de corrupción se dan cuando los laboratorios otorgan hasta un 20 por ciento de capital para prescribir la prótesis de ellos; el médico que prescribe recomienda otra prótesis que sale por compra directa y IOMA paga mucho más”, denunció.

Según los cálculos de Seillant las coimas alcanzarían un total de “4.800 millones de pesos entre el período de febrero de 2016 a octubre 2018”, período que engloba las administraciones de Sergio Cassinotti, Carlos Marcelo D'Abate y Pablo Di Liscia (se encuentra en funciones todavía).