Por Diego Lanese.

Ubicado en pleno corazón del barrio porteño de Almagro, el nuevo edificio de OSFATUN, la obra social de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), es una de las últimas obras anunciadas en el marco de un ambicioso plan de expansión, que busca llegar a 100 mil afiliados en el mediano plazo. Para eso, en el 2023 inauguró 10 nuevas locaciones en todo el país, que potencian su red federal de consultorios, delegaciones y oficinas de atención. Para capitanear este proceso, en diciembre del año pasado asumió como gerente general José Pedro Bustos, un especialista en seguridad social con larga trayectoria en la administración de servicios de salud, tanto en el sector público como en el privado.

El contexto en que se comienza este desafío no es el mejor, ya que la crisis económica golpea fuerte al sector, sumado a los cambios propuestos por el DNU firmado por el presidente Javier Milei, que desregula la seguridad social y podría tener impacto en la salud financiera de las entidades de salud de los gremios. Pero para Bustos esto representa “una oportunidad”, ya que muchos de los trabajadores que no puedan pagar los elevados aumentos de las prepagas se vuelven potenciales afiliados propios.  “Nuestro objetivo es fomentar el crecimiento de la obra social”, le dijo Bustos a Data Gremial en su despacho, donde habló además de la realidad del sistema sanitario, sus desafíos y los cambios propuestos por la actual gestión nacional.

-Iniciaron el año inaugurando una sede en Mar del Plata, ¿cómo está la entidad en materia de cobertura en todo el país y cuáles son sus planes de expansión?

-Nosotros tenemos una meta, o más bien una orden del presidente de la obra social, de llegar a 100 mil beneficiarios. Para eso estamos desarrollando estrategias para cumplirlo, que es algo que no se logra de un día para el otro, en un escenario nacional que no es sencillo. Pero en esta crisis que atravesamos hay otra cara, una oportunidad que tenemos como obra social. Ya se está viendo que a partir del DNU 70 del 2023, que introduce reformas en el régimen tanto de obras sociales como en prepagas, los privados perdieron un 5 por ciento de su padrón, a partir de datos que elaboró la Unión Argentina de Salud (UAS). Es un montón para tan poco tiempo. Ahí, para OSFATUN aparece una gran oportunidad para poder brindar servicios a esa gente que no puede pagar la cuota de las prepagas, en especial las más grandes que tienen valores que no están al alcance de personas con ingresos medios, incluso los dueños de esas firmas están aspirando a brindar servicios sólo a personas de altos ingresos. Así era el sistema de salud hace 30 años: prepagas previstas solamente para personas pudientes que no tenían acceso al hospital público. En los 90 comenzaron a tener gravitación las obras sociales sindicales. Hoy la seguridad social les da atención a 15 millones de personas, suplantando un poco las funciones que debía cumplir el hospital público. Este escenario nos da esa oportunidad, de tratar de captar a esas personas que se caen de las prepagas.

¿Cómo se preparan para buscar a esas personas, y poder brindarles atención?

-Creo que nos adelantamos a la situación, el 1° de enero presentamos cuatro nuevos planes de atención, tratando de mejorar la calidad de la cobertura que brindamos, aumentando el valor de los mismos pero muy por debajo de lo que es la medicina prepaga, para hacerlo accesible a personas de ingresos medios, que a nuestro criterio van a ser mayoritariamente los que se van a caer de la salud privada. En los próximos tres meses vamos a tener una gran oportunidad en ese sentido, espero podamos aprovecharla.

-¿Cómo se trabaja para tener una mirada federal de la obra social, en un país tan grande con universidades en todas las provincias, y la necesidad de tener presencia en ellas?

-De las 58 universidades, tenemos presencia en 43 de ellas. Desde que asumí mi cargo, en diciembre del 2023, mi primera medida es pedir que se ponga en valor las delegaciones, para lo cual está trabajando una nueva encargada del área, la licenciada Josefina Lorenzo. La idea es fomentar fuertemente cada una de las delegaciones, la federalización de la obra social, y la presencia en cada una de las universidades, y en aquellos lugares donde FATUN está. Porque la obra social sindical comenzó vendiendo planes comerciales no vinculados con las universidades, y con el correr del tiempo fueron incorporándolas a la obra social. Por eso planteamos no sólo ir a las universidades, que es nuestro principal objetivo y nuestra rama de actividad sindical, sino además fomentar el crecimiento de la obra social en aquellos donde hay un desarrollo comercial.

-¿Los puede afectar la falta de presupuesto en las universidades, como se plantea con el congelamiento del presupuesto y otros ajustes en el marco del achicamiento brutal del gasto público?

-Por supuesto que ese puede ser un problema, pero no se produjo hasta ahora. Todos oímos rumores que no se iban a realizar más giros a universidades nacionales, pero todo lo que se tenía que girar para diciembre y enero se hizo, todos pudieron cobrar sus sueldos y sus aguinaldos. No hubo problemas hasta ahora, hubo reuniones con el Secretario de Políticas Universitarias que se comprometió a abrir paritarias este mismo mes, por lo cual por ahora no hay riesgo inminente. Por supuesto es una preocupación que tenemos, este es un gobierno que expresa recortes en el gasto público contantemente, que ya está ejecutando, por eso es un riesgo posible.

Sistema sanitario en crisis

-En este escenario, ¿cómo imaginan la relación con los prestadores?

-Difícil, primero los médicos están cobrando honorarios muy bajos, tanto en consultas para prepagas como obras sociales. Ese es un problema del servicio médico que hay que ir acomodándolo, en los últimos seis meses del año pasado se cayeron muchos médicos en ambos sectores que no les conviene atender por tan bajos honorarios. Además, esto trae problemas de cobertura, porque el profesional tiene que juntar muchas consultas, y no tiene tiempo de atención de calidad. Como financiadores vamos a tener que renegociar los mejores valores posibles, con varias dificultades como lo que pasa en algunas provincias donde hay situaciones monopólicas que nos dejan escasas chances de discutirlo. En este sentido estamos haciendo conversaciones para hacer lo que se llama “pooles de compra” con otras obras sociales que tengan una cápita similares a la nuestra, y comprar de modo conjunto a mejores valores. Es complicado, porque si uno hace eso con medicamentos la industria farmacéutica deja de dar descuentos, pero se puede hacer con determinados sanatorios, ir con un volumen superior nos puede producir ventaja.

-Uno de los problemas para las obras sociales es la alta judicialización, sobre todo en la cobertura de medicamentos de alto costo. Hay proyectos de crear una agencia que regule estas coberturas. ¿Cuál es su postura sobre el tema?

-Hay varios temas en esta cuestión. Si nos centramos en la judicialización, hay que decir que se produce por una falta de actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO), hace 19 años que no se actualiza integralmente. Por eso deja de ser confiable. Para morigerar la judicialización hay que actualizar cada dos años del PMO, como mínimo. Cualquier canasta de prestaciones debe tener tres patas: cobertura, financiamiento y desarrollo de la tecnología. Si alguna no funciona, estamos en problemas. Una solución para el caso de los medicamentos de alto costo es financiar un número de ellos, depende de lo que alcance el presupuesto, que se modifique cada tres meses según los cambios de los valores. Ese es el ejemplo de Uruguay, donde hay una canasta de prestaciones y el estado financia 8, 10 tratamientos de alto costo.

-Hay un proyecto para crear una agencia que regule la cobertura de la seguridad social de los nuevos medicamentos, ¿puede ser una solución a esta problemática?

-Contrariamente a lo que piensan todos los sanitaristas, yo no creo que esa sea la solución. Inglaterra tiene una agencia de ese tipo, y lo que dicen los especialistas es que para desarrollar una entidad así se tarde como mínimo dos años, entre que se eligen autoridades, se desarrolla la forma para que funcione. En ese tiempo vamos estar discutiendo si la CGT tiene que estar ahí, si los laboratorios tienen un lugar, los puestos políticos. Vamos a estar años con la rosca para formar el directorio. Hoy en el país funciona la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONATEC), que tiene bastante grado de efectividad, e incluso está funcionando cada vez mejor. Es menos ambiciosa que una agencia, pero si le damos un poder mayor puede dar confianza a quienes tienen que tratar estos temas.  

¿Perjudica a las obras sociales la superposición de coberturas que hay en el sistema argentino?

-El 20 por ciento de la población argentina tiene al menos doble cobertura. Al primero que perjudica es la persona, que paga dos cosas y puede usar solo una. A las obras sociales las perjudica relativamente, lo que está claro es que es un despendio innecesario de recursos. Hay gente que tiene hasta quíntuple cobertura, es una locura, sobre todo para el que paga todo eso.

Cambios por DNU

-El DNU genera muchos cambios en el sistema sanitario, en especial por la desregulación de obras sociales. ¿estás medidas ponen en riesgo el sistema solidario de la seguridad social?

-A mi criterio no, hasta ahora no. Lo que dice el decreto, como novedades, hace tres osas básicamente: permite que las prepagas ingresen como Agentes del Seguro de Salud; segundo, las prepagas van a tener que aportar por los planes diferenciales un 20 por ciento al Fondo Solidario, lo que hace que compitan de modo desigual con las obras sociales de dirección, que aportan un 15 por ciento; y tercero la liberación de los controles de aumento de cuotas de prepagas. Hay cosas que todavía están oscuras, por ejemplo que tratamiento tributario tendrán las prepagas. Hoy, pagan un 10 por ciento de IVA, si fueron Agentes del Seguro de Salud no lo deberían pagar, como las obras sociales. En la Superintendencia de Servicios de Salud dicen que el régimen tributario no se modifica, yo creo que debería. No queda claro si las obras sociales sindicales y las de dirección van a competir, ya que tienen regímenes distintos de cambios. En definitiva, son medidas que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero no rompe el sistema.

-Lo que potencia es lo que se llamó en los 90 el descreme, los grandes se van quedando con los trabajadores de mayores ingresos.

-Yo creo que hoy hablar de descreme está pasado de moda. El sistema ya se descremó, no hay más para descremar. Este fenómeno se produjo hasta 2003, 2004, después no hubo más de esto.

¿Hay temor que el gobierno frene los giros del Fondo Solidario, como suelen hacerse para negociar con los gremios?

-Eso no sucede desde el 2016, ya se aplicaron esos fondos retenidos. El fondo tuvo una evolución, yo en el gobierno de Eduardo Duhalde tuve charlas donde alertamos al entonces presidente que los recursos no alcanzaban ni para pagar los sueldos de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este fondo solidario tiene tres destinos: reintegros de cobertura de alta complejidad y alto costo; subsidios y el mantenimiento de la superintendencia. Nadie pensaba en ese fondo como algo importante, pero en el 2016 había 30 mil millones de pesos acumulados, que se usaban como encaje el estado argentino con las negociaciones internacionales, que no podía disponer de ellos porque son de los trabajadores. Hoy el fondo tiene un problema distinto, que es pagar los servicios de discapacidad. En el primer año de esto, representó el 3 por ciento de lo que se devolvía a las obras sociales, a partir de 16 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Hoy tenemos 220 mil personas con CUD y el fondo para reintegro por el 92 por ciento de sus gastos. Un disparate. Algo funciona mal. La mitad de los gastos son por transporte y educación, que no son servicios de salud. Si no hay una reformulación con aportes del Tesoro no va a funcionar.