El gobernador de San Juan Marcelo Orrego, con un discurso de austeridad, está dejando sin empleo a estatales que hayan obtenido pases a planta permanente o tengan contratos tomados en los últimos 6 meses. Oficialmente, no trascendió el total de trabajadores que se verán afectados, pero este jueves ya se hablaba de 8 mil personas que ya no contarán con un ingreso antes de las fiestas y con una salvaje devaluación que profundizó la inflación.

Referentes políticos y gremiales locales confirmaron a InfoGremiales esta noticia y aseguraron que el número podría incrementarse hasta a 10 mil despidos. Además, vincularon la decisión de Orrego con el recorte «al mínimo» de la coparticipación anunciado por Luis Caputo.

Según publicó La Nación en mayo de este año, durante los últimos diez años, en San Juan, donde el empleo registrado privado se contrajo un 7%, la cantidad de trabajadores del Estado ascendió en un 27%. Es decir, contraer tan fuertemente ese sector, puede tener graves consecuencias en el circuito económico local.

Por su parte, medios locales aseguran que la gestión anterior de Sergio Uñac, quien fuera gobernador por el Frente de Todos, pasó a planta a casi la mitad del total de empleados públicos antes de entregar el puesto. Durante el gobierno de Alberto Fernández se fomentó la regularización en la contratación de estatales y los gremios negociaron largamente para avanzar en ese sentido.

Sin embargo, y como justificación de la decisión tomada, desde la gestión de Orrego aseguraron que se encontraron con mucha gente «sin tareas», «haciendo cola en pasillos». La solución que encontraron frente a esto fue dejar sin ingresos a miles personas de un día para el otro que finalmente había logrado un pase a planta permanente, antes de las fiestas de fin de año y con una devaluación galopante a nivel país.

El cambiemista Orrego, que rompió con 20 años de peronismo gobernando la provincia, comunicó la medida aduciendo que se amparaba en «el artículo 46 de la Constitución Provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, que establecen la prohibición de realizar nombramientos en los seis meses previos al término del mandato, habida cuenta de la situación económica que atraviesa el país y del que nuestra provincia es parte. El Estado no puede incorporar miles de personas a la administración pública, incrementando el gasto y poniendo en riesgo las finanzas de la provincia».

Las medidas implementadas

Anulación de Nombramientos Recientes: Se revocan los actos administrativos que resultaron en nombramientos en planta permanente de la administración pública en los seis meses previos.

Revisión de la Continuidad del Servicio: Se invalidan los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses, no cumplieron con un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo.

Cese de Funciones: Los empleados afectados por estas disposiciones cesarán en sus cargos de forma inmediata.

Anulación de extensiones de contrato: Se da de baja la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del año 2023, realizadas por el gobierno anterior.

Evaluaciones Puntuales: Se constituye una Comisión Evaluadora, para casos puntuales que puedan cumplir con los requisitos de contratación, a fin de garantizar los derechos de los mismos.