La Asociación Gremial de los Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) podría definir un paro total de actividades en las sedes judiciales de toda la provincia en el marco de las medidas de fuerza que vienen llevando adelante por reclamos salariales y de carrera administrativa.

“Tuvimos muy buena participación en los cortes de calle en los cuatro edificios principales de Córdoba y en numerosas sedes del interior”, indicó a Día a DíaFederico Cortelletti, secretario general del gremio, y adelantó que evalúan decretar un paro total de actividades para los próximos días.

“El conflicto se ha generalizado, y el paro podría decretarse para finales de esta semana o la primeros días de la próxima”, afirmó Cortelletti. Asimismo, remarcó que en estos casi dos meses de protestas –profundizadas desde hace 10 días con el trabajo a código- “se ha ralentizado la resolución de expedientes”.

Según el titular del gremio, la semana pasada se concretó una reunión informal con miembros del Tribunal Superior de Justicia. “No nos han hecho una propuesta concreta que sea reivindicadora de nuestros reclamos, que no son nuevos sino que vienen desde hace más de un año”, apuntó.

Además del reclamo salarial porque consideran insuficiente el 10% dispuesto en la pauta de compensación de inflación de la Corte Suprema de Justicia para el primer semestre, los judiciales reclaman el achique de la brecha salarial con magistrados y funcionarios, y el recupero de la carrera judicial con ascensos periódicos. “Hemos presentado varias propuestas para recuperar bonificaciones, les estamos pidiendo que cumplan con el compromiso que asumieron en 2013 de ir achicando la brecha salarial”, añadió Cortelletti.

En tanto, desde el TSJ comunicaron que ya está decretado un segundo incremento de 15% a partir del mes de junio “en virtud de la solicitud de modificación de las partidas presupuestarias efectuada recientemente por la Corte Suprema de Justicia”.

Alto impacto. Desde el Colegio de Abogados aseguran que han requerido al TSJ que arbitre los medios para resolver el conflicto. “No vamos a avalar un conflicto tan extenso como el de 2013, cuando por desgastar al gremio se terminó desgastando al ciudadano y a los abogados”, sentenció a este diario Héctor Echegaray, presidente de la institución, y dijo que la dilación de las resoluciones afecta a los abogados “de manera directa”.

“Hay dos grandes reclamos, uno salarial y otro vinculado a la carrera judicial, por lo tanto es necesario que haya partidas presupuestarias y voluntad para resolverlos”, añadió.

Según la percepción del presidente del colegio profesional, es en los Fueros Laboral y de Familia en donde más se percibe el impacto de las medidas de fuerza. “El fuero Laboral exhibe una singular mora en sus resoluciones en estado normal, que se profundiza aún más con las medidas de fuerza”, indicó Echegaray.

“Siempre sostengo que magistrados, funcionarios y aún los propios empleados tienen garantizadas sus remuneraciones con el presupuesto del Poder Judicial al final de cada mes, aun en conflicto. Pero un ciudadano que espera un cobro a partir de una decisión judicial, ve resentidos sus ingresos, al igual que los abogados que vivimos de los honorarios que se cobran cuando el conflicto se resuelve”, concluyó Echegaray.