Según señalaron los trabajadores luego de la asamblea, que determinó acciones directas a partir del sábado 9 y hasta el lunes 11, el sueldo promedio de la mayoría de los auxiliares es de 350 mil pesos y no supera la canasta básica mendocina que se ubica en los 570 mil. “Estamos en estado de emergencia general”, indicaron.

Además, apuntaron los reclamos contra el incumplimiento del compromiso firmado sobre la modificación de la base del cálculo ítem CCP, el cual se cobra por prestar servicio los fines de semana, feriados y por tener una jornada de 8 horas, lo que representa el 40% del básico “que se encuentra licuado y no llega a un 12%”.

“Es una muestra total de disconformidad con las formas, falta de compromiso, incumplimiento, acentuado menosprecio de parte del Gobierno de Mendoza hacia los trabajadores judiciales”, expresaron, y confirmaron que varios han decidido renunciar por los bajos sueldos, jornadas laborales que superan las 8 horas, abuso de autoridad y condiciones edilicias deplorables.

Por otra parte, señalaron que “el gobierno actual ha acentuado un vaciamiento de la Justicia” y calificaron el estado de la situación edilicia de las dependencias como “muy grave”, ya que hay oficinas fiscales que no funcionan en sedes policiales y carecen de las mínimas condiciones de seguridad.