La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que lidera Julio Piumato repudió la Ley Ómnibus enviada por Javier Milei al Congreso, al considerarla como «un proyecto unitario, antifederal y antiderechos».

Además, criticó puntualmente la intención de «traspasar la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires», por lo cual la entidad se declaró en «estado de alerta y movilización».

«El artículo 439 del capítulo X del proyecto retoma la intentona de gobiernos anteriores de traspasar la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el fin de concentrar el poder absoluto en manos de los tribunales de CABA”, expresó la organización sindical por medio de un comunicado de prensa.

Judiciales: «Se permite violar derechos humanos«

En el texto, el gremio apuntó que “lo que se busca es intervenir de manera directa en las empresas que en su mayoría tienen sede en esa jurisdicción. Esto afectaría gravemente el federalismo, ya que el resto de las provincias se encontrarían sometidas a las decisiones de una Justicia local». 

La Ley Ómnibus impulsa juicios por jurados para todos los delitos con penas mayores a 5 años.

En ese sentido, la UEJN remarcó que «cualquier reforma que se pretenda realizar sobre la justicia deberá contemplar de manera integral las necesidades que la afectan, como lo es la ampliación de la planta de personal; la realización de concursos para cubrir vacancias de magistrados; y la puesta en funcionamiento de un sistema informático de gestión acorde a los tiempos que corren».

En el texto también se advierte que «las reformas que propone la Ley Ómnibus tienen como fin la impunidad de quienes nos endeudaron y saquearon nuestras riquezas. Se trata de una herramienta que permite la violación de los derechos humanos de los trabajadores consagrados por nuestra Carta Magna”. 

Y concluye: “La independencia del Poder Judicial no se reduce a un mero eslogan, resulta una pieza fundamental para el fortalecimiento del sistema democrático y republicano de gobierno».

El proyecto de Javier Milei establece que el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires debe darse en un plazo máximo de tres años. 

Una Ley Ómnibus de toga negra y martillo

Además, en la Ley Ómnibus hay propuestas muy particulares, como la idea de que los magistrados tengan que usar toga negra y martillo para la conducción de los debates.

Y un punto controversial es que, de acuerdo con la iniciativa, serán obligatoriamente juzgados por jurados populares todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los cinco años de prisión o reclusión.

En todos los casos el jurado estará integrado por doce miembros titulares y, como mínimo, por dos suplentes, y será dirigido por un juez. Y deberá estar formado por mujeres y hombres en partes iguales.

Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que en 2021, por ejemplo, según los propios registros judiciales hubo más de 15.000 mil juicios de estas características. 

Si en efecto todos los juicios con posibles penas mayores a los 5 años se llevan a cabo en juicios por jurados, se necesitarían más de 200 mil personas por año para que integren los tribunales populares. A priori, representa un escollo importante que habría que sortear.