Desde el Gobierno se indicó que ese acuerdo celebrado en 2008 era por cuatro años y no correspondería de este modo la quinta cuota de recomposición salarial en el marco de la porcentualidad y enganche con el sueldo del juez de Corte.

Desde el gremio se remitió una nota señalando la predisposición al diálogo al presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas y se propicia la intervención para que tal acuerdo se prorrogue por cuatro años más. En la víspera en una reunión que mantuvieron la ministra de Justicia, María Inés Diez, el ministro de la Corte de Justicia, Gustavo Ferraris y los representantes gremiales de los judiciales, se avanzó en las tratativas y se acordó una nueva reunión para el miércoles de la semana venidera.

Ayer estaba prevista una nueva protesta de los trabajadores nucleados en la Agremiación de Empleados Judiciales, pero fue levantada a raíz de las negociaciones que se están encarando a nivel oficial.

Diez señaló que la reunión entre las partes continuará el miércoles 26 a partir de las 10.

Explicó que el reclamo se basa en que en el 2008 el gremio y el Poder Ejecutivo firmaron un acuerdo sobre su sueldo y porcentaje, pero esto fue por 4 años. Ahora, están pidiendo que se respete el aumento salarial acordado en un convenio pero se debe hacer un análisis para extenderlo por 4 años más.

José Luis Flores, secretario gremial de los Empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público, insiste en que se pague la quinta cuota de recomposición salarial, acordada en el año 2.008, que se cumplió ininterrumpidamente hasta el año pasado. Consideró que por esta situación están afectados los empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para el gremio el acuerdo tiene vigencia hasta el 2013, pese a las opiniones en contrario dadas desde el área de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos.

Empleo precario

En tanto se conoció que la Defensora Oficial Civil Nº 4, Natalia Buira, dirigió un escrito al secretario general de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público, Oscar Lafuente, en el que solicita que se contemple en los reclamos la situación del personal contratado sin estabilidad en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Salta.

Buira reconoce que si bien los concursos convocados para cubrir plazas en las nuevas Fiscalías Penales han atenuado la situación de precariedad laboral reinante en el Ministerio Público, el pase a planta permanente de los agentes contratados ha comenzado con los más recientes, "vulnerando de esta manera el legítimo derecho y legítimas expectativas de contratados con anterioridad y con mucha antigüedad, algunos de ellos de hasta cuatro años a la fecha".

Buira pidió también al sindicato que se comprometa en el reclamo salarial de los contratados del Ministerio Público, que en la gran mayoría de los casos perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil.