Por José Maldonado

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) A un año y medio de su renuncia a la banca de diputado y su alejamiento del oficialismo, Facundo Moyano fogonea en plena temporada de verano el conflicto gremial en la empresa AUBASA, que lo enfrenta como líder del sindicato de trabajadores de peajes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof; y profundiza desde allí un perfil opositor con futuro incierto, alejado definitivamente del kirchnerismo y orbitando cerca de sectores de Juntos por el Cambio (JxC).

En un cuarto intermedio hasta la próxima reunión de conciliación en el Ministerio de Trabajo -el viernes próximo-, el conflicto en AUBASA fue creciendo en intensidad desde que se inició a mediados del año pasado. El origen se remonta a una pulseada entre Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Peajes (SUTPA), con Kicillof y el titular de la empresa de autopistas provincial, Ricardo Lissalde, por el control de áreas gerenciales estratégicas.

Esa pelea parece perdida para Moyano, quien decidió poner al gremio en pie de guerra, con dos medidas de fuerza el año pasado y este año en las que los trabajadores levantaron las barreras de los peajes en la autopista Buenos Aires - La Plata y el corredor vial a la costa atlántica.

La deriva política de Moyano hasta este presente opositor tuvo como punto de quiebre el mes de agosto de 2021, cuando anunció su renuncia a la banca de diputado, que había ocupado por diez años, primero elegido en la boleta encabezada por Cristina Fernández y después en la lista de Sergio Massa.

La salida no fue en buenos términos. Enfrentado con casi todos sus compañeros de bloque, pero especialmente con los de extracción gremial y ADN kirchnerista, como Vanesa Siley y Hugo Yaski, Facundo M. salió dando un portazo, con durísimas críticas al presidente Alberto Fernández, La Cámpora y Andrés Larroque, entre otros blancos de su artillería verbal.

“Como peronista, me avergüenza este gobierno, tiene que ser borrado de la historia del peronismo”, fue una de las frases más fuertes de su salida. Desde entonces, Moyano se replegó en su rol gremial, ahora como secretario adjunto del gremio que formalmente conduce Florencia Cañabate y desde allí buscó subir su perfil intentando disputar abiertamente con Lissalde -el massista presidente de AUBASA- el control de áreas claves a donde el gremio había impulsado gerentes afines.

El disparador fue el despido a mediados del año pasado del exgerente del área de sistemas César Di Lorenzo, que fue reemplazado por una funcionaria impulsada por el jefe de Asesores de Kicillof, Carlos Bianco. Desde entonces, Moyano puso al gremio en pie de guerra: en 2022, fue a una medida de fuerza con barreras levantadas por 17 días, generando pérdidas a la empresa por 140 millones de pesos; a principios de 2023, otra por seis días, que se mantuvo incluso pese al llamado a conciliación obligatoria dictado por el Ministerio de Trabajo, con un perjuicio que en la compañía evaluaron en más de 300 millones de pesos.

“Audiencia tras audiencia se fueron cayendo los argumentos. La medida de fuerza no tiene que ver con cuestiones sindicales”, se quejan en la provincia de Buenos Aires. “Uno a uno se destrabaron los supuestos conflictos. Se garantizaron las fuentes de trabajo, se avanzó en la recategorización de empleados, se está trabajando sobre las condiciones de trabajo. No hay conflicto salarial tampoco. No hay atraso en los aportes al sindicato. No hay un hecho laboral o salarial que se corresponda con la magnitud de la medida de fuerza”, aseguran cerca de la empresa.

Por eso, quienes siguen de cerca el conflicto en AUBASA ven la dinámica de los movimientos de Moyano como derivación directa de su intento de posicionarse como nuevo referente opositor, un perfil que el año pasado lo llevó incluso a criticar a su hermano Pablo por la decisión de Camioneros de acompañar al kirchnerismo y La Cámpora en la celebración del 17 de octubre.

AUBASA es un escenario con muchas ventajas. Enfrente, Moyano tiene a Kicillof, a Lissalde, un hombre de Sergio Massa, y en el Ministerio de Trabajo, a Walter Correa, un dirigente sindical que reporta a Máximo Kirchner. En la misma pelea, se enfrenta a buena parte de la plana mayor del Frente de Todos.

El último chispazo fue la amenaza por parte de la provincia de Buenos Aires de pedir la quita de la personería jurídica del gremio por desconocer el llamado a conciliación obligatoria. “Ni Macri se había animado tanto como Kicillof”, bramó Moyano en los medios.

El principio de acuerdo para encauzar el conflicto congeló esa posibilidad a partir del levantamiento de la medida de fuerza. En la empresa y en la Gobernación aseguran que Moyano “salió a operar que le había torcido el brazo a Kicillof”.

“Todos los medios opositores titularon así, cuando en realidad lo que ocurrió fue otra cosa. El próximo viernes hay una nueva audiencia donde todavía está pendiente el tema del descuento de los días de paro”, dicen.