El sindicato de azucareros marchó en Jujuy contra la represión y la persecución que sufrieron los trabajadores del ingenio La Esperanza. Además, exigieron la liberación de los 30 detenidos. Cabe recordar que la protesta que fue violentamente levantada por la Policía de Gerardo Morales, era en reclamo del pago de salarios y la reincorporación de 400 trabajadores despedidos.

Los detenidos, entre los que se encuentra una mujer embarazada, fueron trasladados al penal de Alto Comedero en un camión sin informar a sus familiares. Por su parte, el abogado del sindicato, Fabián Alerete, fue liberado; no así Sergio Juárez y Néstor Bautista, secretario general y secretario gremial del sindicato.

Los familiares de los detenidos marcharon hacia el juzgado de Faral y convocaron, a través de un comunicado, al resto de los gremios a la concentración. Además, el sindicato de azucareros de La Esperanza denunció que a los detenidos “les armaron diversas causas”. Los cargos que les imputan son resistencia a la autoridad, lesiones leves y lesiones graves, atentado y resistencia a la autoridad, entre otros.

“El trabajador del Ingenio La Esperanza no es ningún delincuente para ser tratado de esa forma”, afirmó el gremio. La medida de fuerza había estado motivada por el incumplimiento del pago de haberes de noviembre, primera quincena de diciembre y el aguinaldo.

Rafael Vargas, secretario General del sindicato de obreros del azúcar de Ledesma, se solidarizó con sus compañeros del Ingenio La Esperanza y encuadró lo sucedido con otras medidas “persecutorias” del gobernador Gerardo Morales, incluido el proceso contra la dirigente social Milagro Sala. “Es una intención de descabezar e intervenir el sindicato. La Justicia se aplica según el criterio del gobernador Morales, intentando disciplinar y mostrar la cabeza de todos los dirigentes para el que se anime lo piense dos veces”, alertó en diálogo con la AM750.

El gremialista comparó la situación que atraviesan los trabajadores de La Esperanza con lo que sufren ellos en Ledesma. “En Jujuy no hay garantías constitucionales para los luchadores sociales, porque o te dan palos a través de las fuerzas policiales o te judicializan”, evaluó Vargas. “Sino, recurren a la aplicación de normas contravencionales para limitar las protestas”, agregó y opinó que el mensaje es “más claro aún cuando tenemos un símbolo, una luchadora social como Milagro, nosotros que garantías tenemos entonces?”, se preguntó.