La empleadora dejó de pagarle a la trabajadora luego de que esta informara su estado de gravidez, lo que constituyó un despido indirecto. Además, la trabajadora sufrió hostigamiento y persecución durante este período. El comercio también incumplió con los aportes correspondientes a la ANSeS y la AFIP, afectando los derechos de la trabajadora a cobrar beneficios como la prenatalidad y el nacimiento.

El fallo, dictado por los jueces José Manuel Pereira y Mirta Inés Regina, subraya la necesidad de otorgar una mayor protección a trabajadoras en situación de vulnerabilidad como las embarazadas, fortaleciendo su estabilidad laboral. Se destacó además la importancia de cumplir con las normativas constitucionales y convencionales que prohíben la discriminación por razón de género.

Este caso resalta la importancia de garantizar los derechos laborales de las trabajadoras embarazadas y el papel crucial de la justicia en la defensa de estos derechos fundamentales.