La Sala B de la Cámara Federal de Rosario volvió a fallar contra el gremio de los portuarios (SUPA) de Puerto San Martín. En está oportunidad es para dejar sin efecto un recurso extraordinario presentado por el sindicato contra las empresas Milisenda SA y SAP SA.

Las denuncias en el fuero federal de la justicia de Rosario comenzaron en octubre de 2022, cuando las autoridades del SUPA decidieron no ceder más «jornaleros» a las empresas que compartían el trabajo de estiba junto a la Cooperativa de Trabajos Portuarios y denunciar a ambas empresas por presuntas deudas previsionales en prejuicio de los afiliados del gremio.

Las acusaciones fueron apeladas por las empresas que sumaron al recurso para poder seguir trabajando el depósito en caución por más de 180 millones de pesos. Es un depósitos que podía ser ejecutado si se demostraban las deudas denunciadas.

En primer lugar se comprobó que las empresas no tenían deudas previsionales, primer gran golpe contra las denuncias del gremio- Luego se sumaron dos resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que en primer terminó hizo lugar a los reclamos de las empresas para poder seguir operando en los puertos de Timbúes y Puerto San Martín y obligar al gremio a afrontar todos los gastos ocasionados por las denuncias, una cifra multimillonaria que deberán justificar ante los afiliados del gremio para pagarla bajo presión judicial.

Se trata de una erogación que causará un stress financiero a la organización sindical y que rememora al inicio de las causas que derivaron en la primera intervención del SUPA San Martin: la discrecionalidad en el direccionamiento de los negocios.

Ambas empresas venían prestando el servicio desde que Herme «Vino Caliente» Juárez debió romper el monopolio de la Cooperativa en 2017, en el acuerdo original eran cuatro las prestadoras de servicio, a estas dos se sumaba Brayco y Murchinson.