“La Justicia ordenó que el Gobierno de Javier Milei deje de desmantelar las Oficinas de Género. El Estado tiene que cumplir con tratados internacionales a los que adhiere”, subrayó la dirigente, quien además denunció una preocupante reducción en el funcionamiento de programas esenciales.

Entre las problemáticas más urgentes, Gambera señaló que la línea 144, destinada a la atención de mujeres en situación de violencia, continúa operativa pero con una capacidad muy limitada: “La línea 144 sigue disponible, pero trabajan muchas menos personas que antes. En su mayoría, los únicos planes de violencia de género que funcionan son los de emergencia”.

La secretaria de ATE también advirtió sobre una estrategia de vaciamiento en los organismos de género: “Lo que está haciendo el Gobierno es desfinanciar los organismos de género. No los cierran, los dejan sin presupuesto y termina quedando una cáscara vacía”.

Este contexto genera una gran preocupación entre trabajadoras y trabajadores de estos organismos, así como en las personas que dependen de estos servicios. El fallo judicial representa un paso importante, pero organizaciones y gremios advierten que la lucha por el presupuesto y la operatividad de las políticas de género está lejos de terminar.