Por Mariano Martín

Con allanamientos a dos fundaciones la Justicia comenzó a investigar el presunto desvío de 3 millones de dólares de una obra social controlada por un delegado del sindicalista Luis Barrionuevo. La maniobra, expuesta en una auditoría que Ámbito reveló en exclusiva de manera detallada, incluye además de la presunta defraudación pagos por más de 8 millones de pesos a un taller mecánico especializado en “tunning” de automóviles cuando la entidad de salud no cuenta con vehículos propios, y compras por más de $ 5millones a una exclusiva joyería de Recoleta.

La causa tiene por ahora como único imputado al médico Sigifredo Jorge Banegas, exinterventor de la Obra Social del Personal de Seguridad (Ospsip) y persona de confianza del líder de los gastronómicos y actual patrocinador electoral de Javier Milei. El expediente tramita ante el juzgado en lo Criminal y Correccional de Instrucción 59, de Capital Federal, a instancias de una denuncia presentada por la Superintendencia de Servicios de Salud, el órgano del Estado que se encarga del control de obras sociales y prepagas.

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El sumario, al que tuvo acceso exclusivo este medio, le imputa a Banegas cinco hechos encuadrados en una supuesta defraudación de recursos de la Ospsip llevada adelante en el semestre de septiembre de 2022 a marzo de este año, plazo en el que el exfuncionario estuvo a cargo de la intervención de la prestadora. El médico fue nombrado por decreto de Alberto Fernández y Carla Vizzotti al frente de la intervención con la venia del superintendente, Daniel López, y el impulso de Barrionuevo. Cuando asumió el cargo lo hizo de la mano de Leónidas Requelme, un dirigente de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) fallecido la semana pasada que era rival del secretario general, Angel García, y a su vez protegido de Barrionuevo.

A partir de la instrucción de la causa fueron allanados dos domicilios de fundaciones: Médicos Solidarios, a la que la intervención a cargo de Banegas llegó a girarle 347.915.600 pesos en tres meses sin documentación alguna de respaldo, y Modum, que el 10 de abril de este año recibió un total de casi 45 millones de pesos por aparentes coberturas médicas carentes de un contrato de prestación.

La auditoría que realizó Jorge Alonso, sucesor de Banegas en la intervención de Ospsip, había manifestado sospechas de que los pagos “sin documentación respaldatoria” tenían como fin “generar un mecanismo circular con el único objetivo de retirar fondos de la obra social e ingresarlos al circuito financiero para beneficios espurios”.

Otro de los hechos que la denuncia reclama investigar es la contratación de un servicio de reparación de autos a la firma HK Mufler, de Andrés Kaminsky por 8.347.324,08 pesos. “El objetivo de aquella firma resulta autopartes y reparación de vehículos; particularmente “tunning de automóviles”, señala la presentación, que agrega: cabe destacar que la obra social no cuenta con automotores de su titularidad”. La propia intervención añade que una pesquisa interna “permitió determinar que Federico García, en aquel entonces fiscalizador de Tesorería, tiene publicadas en sus redes sociales fotografías de un vehículo que podría ser compatible con los conceptos descriptos en las facturas”, una cupé Chevy SS.

A continuación detalla la compra de cuatro notebooks marca Dell que jamás fueron ingresadas al inventario de Ospsip y cuya restitución le fue exigida a Paula Lorena Banegas, hija del exinterventor y entonces su secretaria privada.

Como reveló Ámbito, el vínculo del exinterventor con Barrionuevo arrancó con su labor como médico pediatra de Sandra, una de sus hijas y actual secretaria de Asistencia Social de la Unión de Trabajadores Gastronómicos (Uthgra). Pero también estuvo presente durante toda la gestión y de hecho Banegas le otorgó un poder general legal a Horacio Ferro Méndez, abogado histórico y mano derecha de Barrionuevo. Alonso, que tomó la posta de la intervención, le revocó el poder a Ferro al igual que a dos de sus hermanas, socias en su estudio jurídico, y a otros seis profesionales; sin embargo, el propio letrado se encargó de aclararle a este diario que el siguiente interventor, Walter Bobadilla –actualmente en el cargo- le restituyó el poder y que sólo lo resignó hace un par de semanas por decisión propia.

Bobadilla, por orden del superintendente López, fue el encargado de realizar la denuncia que recayó ante el juzgado 59 con intervención de la Fiscalía número 2. López se comunicó con Ámbito para aclarar que apenas tomó conocimiento de la auditoría llevada a cabo por Alonso –que duró apenas un mes en su cargo como interventor y renunció tras alegar problemas de salud aunque en un contexto de aparentes presiones- le ordenó a Bobadilla presentarse ante la Justicia para denunciar a Banegas.

El informe de Alonso detectó otras irregularidades: por caso, de un padrón de 207 trabajadores a los que se pagaba salario sólo pudieron ser contactados 79; además en el semestre de Banegas fueron contratadas dos firmas por montos multimillonarios para tareas de custodia, cuando la obra social ya contaba con personal propio para esa labor, y una más para limpieza, un trabajo que ya estaba cubierto también por trabajadores contratados previamente.

En tanto que con una mecánica similar a la de la fundación Médicos Solidarios fueron hallados giros a otra entidad, Igualdad para Todos, sin documentación alguna. Y se produjeron dos compras por un total de casi 5 millones de pesos a la razón social Vendome SRL, el nombre legal de la joyería Jean Pierre situada en la avenida Alvear de Recoleta. Los auditores advirtieron que los gastos y presuntos desvíos coincidieron con meses en los que era habitual la denegatoria de prestaciones a afiliados con afecciones graves, con riesgo de vida.