El martes 20 de octubre del 2020, la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Gualeguaychú confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del trabajo que había decretado la nulidad del despido del secretario gremial de la Asociación obrera Textil, Sr. Gastón Silva, ordenando la reinstalación a su lugar de trabajo y el pago de salarios caídos.
El actor había sido despedido por segunda vez por la empresa RONTALTEX S.A el 25 de noviembre de 2019, luego de haberlo reinstalado el 1 de octubre del mismo año por un fallo judicial del juzgado del trabajo número 2 de la ciudad, omitiendo realizar el proceso judicial de exclusión de tutela sindical prevista por el artículo 52 de la Ley 23.551.
Previo al despido sin causa, la empresa venia realizando una persecución sindical que consistió en el aislamiento del trabajador del resto de sus compañeros en un galpón alejado a unos 500 metros del lugar de trabajo anterior al despido, esto fue denunciado en la DPT de la ciudad de Gualeguaychú que tomó intervención y constató los hechos.
También denunciaron en el fuero penal en dos oportunidades esta actitud delictiva e impune de la empresa de desobedecer sistémicamente ordenes judiciales, pero las causas “duermen el sueño de los justos” hasta el día de hoy.
Esta lucha judicial comenzó allá por noviembre de 2018, donde la empresa despidió 11 trabajadores fundamentando una crisis que no existió, y que no se condice con el accionar que tiene hasta el día de la fecha, pues por su incumplimiento fue sancionado con multas conminatorias diarias.
La empleadora continua al día de la fecha desoyendo las órdenes judiciales de reinstalación a su puesto de trabajo original y el cese de la actitud persecutoria hacia el representante sindical, pese a hoy tener sentencia confirmatoria ante la sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad y multas diarias por incumplimiento.
Ante ello, repudiamos el accionar ilícito desplegado por la empresa RONTALTEX SA quien conculcó la libertad sindical, violó leyes, Constitución Nacional, tratados de derechos humanos, convenios de la OIT y sentencias judiciales.
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