La Justicia ordenó este lunes que el gobierno porteño reincorpore a su puesto de trabajo en los hospitales Durand y Pedro de Elizalde a Héctor Ortiz, enfermero y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado. Héctor Ortiz, un reeconocido defensor de los derechos de los trabajadores de la salud, fue despedido en noviembre.
ATE informó que la jueza nacional del trabajo Andrea Urretavizcaya dio curso a la medida cautelar requerida por el gremio y ordenó al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la “reinstalación precautoria de Héctor Ortiz en su puesto de trabajo en el Hospital General de Niños ‘Pedro de Elizalde’ y del de Agudos ‘Dr. Carlos G. Duran'”.
La medida debe cumplirse “dentro del quinto día de serle notificado el presente pronunciamiento” y bajo apercibimiento de una multa que se fija en $3.000 por día de retardo. Incluye el pago de los salarios caídos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Al acudir a la Justicia, ATE remarcó que Ortiz estaba amparado la Ley de Asociaciones Sindicales (n° 23.551), por ser activista sindical y delegado paritario por la Asociación Trabajadores del Estado en la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo –CyMAT-, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” desde 2020, y por resultar Congresal de la Seccional Capital de la Central de Trabajadores Autónoma (CTA- A) con mandato vigente hasta 2022.
Cuando fue despedido, ATE denunció que “fue castigado por denunciar los problemas de los trabajadores en los hospitales porteños, la falta de vacunas para quienes estuvieron en la primera línea en la lucha contra el Covid-19, la falta de insumos y elementos de protección personal, las faltas graves en la infraestructura hospitalaria, la falta de personal y los más de 3.000 despidos que está preparando el GCBA para fines del año 2021“.
Su despido fue anunciado en la Resolución Oficial 4184/21. Por entonces, Ortiz había dicho a la agencia Télam que no fue notificado y que se enteró “de la determinación por las redes sociales”.
Además, el delegado también señaló que la decisión trataba de frenar “las denuncias que como ATE venimos manifestando sobre otras 3.000 cesantías, entre enfermera/os, médica/os y personal de kinesiología que la Ciudad tiene dispuestas a realizar a fin de año”
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