En la denuncia, presentada por un grupo de concejales oficialistas, funcionarios y militantes, puntualmente se señala al "coordinador político" de UATRE, Fernando Antúnez, como el responsable de la compra de votos para debilitar la gestión del intendente Facundo López y otras maniobras de manejo de la política necochense para tomar la intendencia. El entramado se conoció por declaraciones del propio Antúnez en una conversación con la concejal Eugenia Vallota (PRO), cuyo audio grabado se viralizó por partes y ahora está en manos de la justicia.

En este contexto, la UFI Nº 1 a cargo del Dr José Luis Cipoletti decidió movilizar la denuncia, requiriendo informes a diferentes organismos que están vinculados con la denuncia: el Concejo Deliberante de Necochea por la mención de algunos concejales; la UATRE, dado que Antúnez se desempeña en el sindicato; y el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde se presume que Antúnez también tenía un cargo al momento de haber sido grabada la conversación.

Sucede que la denuncia movilizó la IPP Nº 11-00-006260-19 caratulada "Antúnez, Fernando y Vallota María Eugenia s/Denuncia" en la que el funcionario es denunciado, entre otras cosas, por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y encubrimiento".

El fiscal Cipoletti labró entonces tres oficios  y en el primero de ellos solicitó al HCD de Necochea dos cuestiones: por un lado, la "nómina completa de la totalidad de los Concejales mandato vigente (aún con goce de licencia) que integran el mencionado cuerpo deliberativo, indicando domicilio, teléfono, fecha de comienzo y culminación de sus mandatos", en una maniobra preliminar que podría desembocar en la citación a declarar de algunos concejales mencionados en el audio. 

Por otro lado, solicita la "nómina de Concejales asistentes a la sesión extraordinaria con fecha 30 de enero de 2019, informando votos nominales al proyecto de ordenanza fiscal impositiva tratada en la referida sesión" y requiere además el acta de dicha sesión.

El fiscal solicita toda esa información en virtud de conocer si los hechos adelantados por Antúnez durante la conversación con Vallota luego tuvieron su reflejo en la realidad. En la misma, Antúnez se refiere a maniobras de compra de votos para que los concejales votaran contra el proyecto de aumento de tasas que precisaba para este año.

En un segundo oficio Cipoletti requiere información a la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para que de cuenta acerca de si Fernando Antúnez "ejerce o ejerció algún cargo electivo o administrativo en la entidad a su cargo, indicando en su caso tipo de cargo y período de tiempo del mismo".

Según se supo por la denuncia, la conversación grabada habría tenido lugar en enero de 2019 en oficinas de la UATRE en Capital Federal. 

En el tercer oficio, el fiscal solicita información al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en virtud de conocer si Antúnez se desempeñó o no como Director de Patrullas Rurales de ese organismo y, de ser así, indique fecha de asunción y cese en el cargo. De confirmarse que durante la conversación revelada Antúnez era funcionario provincial, el escándalo salpicaría directamente al gobierno de María Eugenia Vidal en la desestabilización de un intendente a través de operaciones políticas espurias.

Lo político

Más allá de lo que esté obrando la Justicia en este momento, la revelación del audio tuvo un efecto sobre las campañas electorales que llevaban adelante los candidatos a intendente, sobre todo los que más posibilidades tienen de acceder a la intendencia.

El audio en realidad terminó confirmando la denuncia del radicalismo, cuyo precandidato Gonzalo Diez había señalado abiertamente en los medios de comunicación durante la campaña previa a las PASO de agosto la injerencia de UATRE en la campaña interna de Juntos por el Cambio que elevó la candidatura de Arturo Rojas.

La denuncia fue además el punto de partida de la retórica final del oficialismo en busca de la reelección: si UATRE maneja a placer a concejales y trata de imponer a su candidato, la Comuna estaría combatiendo contra "mafias sindicales" que cruzan los límites de la ley para ganar la intendencia

Desde el Ejecutivo local señalaron a Antúnez como el responsable de varias operaciones para debilitar la intendencia en los últimos años, sobre todo en la votación de la Ordenanza Fiscal Impositiva de este año y en la derogación de la Tasa Portuaria en el pasado, ambos eventos en los que la Comuna se vió seriamente perjudicada y cooperó para poner al estado municipal en una situación complicada más allá de los errores de gestión.

Desde UATRE fue el jefe de la Seccional Necochea, Mario Lastra, quien salió al cruce de las acusaciones desmereciendo la denuncia del oficialismo y reconociendo que el sindicato lleva 20 años participando en la política local.