Po: Elida Thiery.

Hace casi dos semanas la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo había dado lugar a la voluntad de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), al ratificar la medida cautelar que disponía la reincorporación de 26 empleados a la empresa a la cual habían bloqueado.

El conflicto que se extendió durante dos meses, en la localidad de Moctezuma, donde lácteos Vidal tiene su planta industrial, que a su vez es la única fábrica del pueblo, data de agosto y atravesó en estos meses todas las instancias y ánimos.

En aquel momento, un grupo de personas con identificaciones de Atilra y entre los que se encontraban empleados de la firma, respondiendo a las órdenes del secretario General de Trenque Lauquen, Gastón Moreno, habían bloqueado la planta, impidiendo el ingreso de trabajadores, ocupando propiedad privada y amedrentando a quienes tenían voluntad de cumplir con sus turnos, situación que semanas después se trasladaría al centro de distribución y procesamiento en el barrio porteño de Villa Devoto.

El origen del reclamo había estado dado por el pedido de seis empleados para dejar de pertenecer al gremio, a partir de lo cual Atilra cuestionó la categorización de 14 trabajadores, de las cuáles sólo dos habían quedado en revisión.

Sin deudas en salarios ni aguinaldos, el conflicto escaló hasta tomar una frecuencia nacional, aunque el secretariado general del sindicato, jamás se involucró en el tema y lo dejó recaer en autoridades de las filiales Trenque Lauquen, Capital Federal y General Rodríguez, desnudando a la vez la interna sindical.

El gremio se desenvuelve tranquilo en estas instancias, porque tiene en la política y parte de la Justicia ventajas que le permiten tramitar muy ágilmente el archivo de las causas y el pedido de recontratación de quienes bloquean empresas, como sucediera semanas atrás. Sin embargo este lunes se conoció una definición que frena todo ese ímpetu.

Con la firma del fiscal de Cámaras, de la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Miguel Rubio, se resolvió “revocar por prematuro el archivo de las actuaciones, ordenando la prosecución de la investigación de ambas PP en forma acumulada, con la calificación propuesta (art.158 del código penal) en base a las medidas referidas o cualquiera otra que se estime pertinente (arts.83,inc.8, y 290 del C.P.P.)”.

Del mismo modo pidió reabrir las declaraciones que aún no hubieran sido recepcionadas, ya que durante las 14 páginas en las que se recorren los motivos se citan varias de las declaraciones que descubren la coacción, violencia y comisión de delitos durante las semanas que duró el bloqueo que puso en jaque la continuidad de la empresa, pero también de las fuentes laborales totales y la subsistencia del tambo propio de la familia Vásquez y de otros 20 productores de leche.

Según este visión, las amenazas padecidas están en el marco del artículo 158 del Código Penal sobre el impedimento al trabajo, también se encuentran con la contradicción del derecho individual a la huelga y la presión para obligatoriamente retener tareas.

Para Alejandra Bada Vásquez, la titular de Lácteos Vidal, que la causa no se archive “es un alivio”. Luego de la presentación que había hecho la abogada del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, Florencia Arietto, llega la definición sobre esta revisión sobre las actuaciones anteriores del fiscal Fabio Arcomano.

“Desde hace tiempo tenemos seguridad, pagamos por una consigna policial que fue la que nos advirtió la semana anterior que habían vuelto los asados frente a la planta de Moctezuma y la violencia, donde decían que todos iban a volver a trabajar y seguían amenazando a nuestros trabajadores”, dijo a Bichos de Campo la responsable.

Ella, que fue la clave de la resistencia de la láctea, junto con su hermano, aseguró que “más allá de lo que se haya movido políticamente o en la Justicia, ya estaba tomada la decisión de no reincorporar a los trabajadores violentos, a quienes despedimos dos meses después del inicio del bloqueo y antes que llegue la cautelar del gremio. Los muchachos que quedaron no pueden volver a trabajar con los que los violentaron y los nuevos no tienen nada que ver con esta gente”.

Con el proceso de materia prima normalizado, se tomaron a 23 personas nuevas para las tareas, de diferentes edades e incluso al nieto de un trabajador ya jubilado, priorizando a quienes viven en el pueblo, para seguir apostando a la localidad.

“Nosotros no podíamos seguir esperando y no nos queríamos fundir, como tenemos dignidad, como tenemos todo al día, nos hicimos fuertes y como nos cansamos de la mafia sindical decidimos poner un freno y ser firmes en eso”.

Alejandra da cuenta de todas las historias, incluso de los medicamentos oncológicos que tuvo la empresa que conseguir para una empleada a la que se los discontinuó la obra social sindical.

Esta empresa familiar pretende, como lo dispone ahora el fiscal general, “que se investigue todo, que se haga justicia y que quede el antecedente para frenar estas acciones de Atilra que aterrorizan a muchos de nuestros colegas”.

Por su parte, Verónica Razzini, la presidente del MEAB, destacó a este medio que la revisión del accionar judicial le permite a las empresas entender que “ya no están solas ni calladas, porque ya somos más de 260 en todo el país que nos estamos acompañando para frenar esta compulsión a la huelga y estas acciones violentas que tienen los diferentes sindicatos, por estar avalados por parte de la Justicia”.

Desde el Movimiento se destaca a este como un antecedentes para que no se archiven más pruebas, ni causas, pero sobre todo “hay que entender que la coacción y la violencia no son métodos para llevar a los trabajadores a la huelga, que es un derecho, pero que se distorsiona por las mafias sindicales que generan este tipo de hechos, que arman estos reclamos sin razones reales o en contra de los propios trabajadores”.

Después del tratamiento del caso Lácteos Vidal, hay diálogo con diferentes empresas del rubro, que se manifiestan con temor ante las presiones de Atilra.

Razzini considera que “tenemos que volver a ordenar los vínculos y salir de esta connivencia con las mafias, porque una cosa es el derecho a huelga y otra la comisión de delitos. Tenemos un objetivo bien marcado que es hacerles entender a los empleados sobre el derecho a la retención de tareas, pero hablando con propiedad sobre delitos y derechos, lejos de la impunidad que tienen algunos dirigentes sindicales y sabiendo que somos los empresarios y los trabajadores los que podemos sacar adelante al país”.