La ambición del gobierno de Mauricio Macri por destruir a las organizaciones sindicales no es secreto para nadie. A lo largo de su gestión, 23 gremios fueron intervenidos, con excusas de diferente tenor.

El Sindicato de Obreros Marí­timos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) son dos de los ejemplos más resonantes, pero también hay que dar cuenta de una intervención que el macrismo no pudo concretar: la del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), que hasta el día de hoy proponen desactivar quitándole la personería jurídica.

Entre las organizaciones gremiales que fueron sometidas a intervención por el Poder Ejecutivo durante el gobierno de derecha figuran, además del SOMU y el Soeme, la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina -Upsra- (ver nota principal en página 4), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (Apdfa), el Sindicato de Trabajadores Mensualizados de los Hipódromos (Sitramen), el Sindicato Técnico de Fleteros de la República Argentina y la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA), entre otros.

El caso del SOMU fue muy conocido porque a su titular, Omar “Caballo” Suárez, lo denunciaron judicialmente por los supuestos delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y entorpecimiento de vías navegables, y se logró enviarlo a la cárcel, además de intervenir el gremio. La propia intervención fue polémica porque una empleada doméstica del entonces ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, fue designada para formar parte de dicha intervención, en lo que generó sospechas de un pago en negro por servicios en su domicilio.

Este esquema persecutorio tuvo aún sus coletazos durante el actual gobierno. El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (Spiqyp) fue intervenido durante la gestión de Claudio Moroni como ministro de Trabajo; desde el gremio denunciaron que la operación había sido digitada por Miguel Ángel De Virgiliis, un operador de vínculos con el macrismo.

Una persecución en varios frentes

A fines de 2021 tuvo lugar una revelación escandalosa: surgieron videos que mostraban la operatoria de la estructura de persecución a los sindicatos montada por el macrismo, que combinó la acción de funcionarios nacionales y provinciales con el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en lo que se llamó la “Gestapo antisindical” o “GestaPRO”.

Los videos habían sido registrados secretamente por la propia AFI en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro). En la reunión, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, instruía a empresarios de La Plata sobre la forma de armar causas judiciales por extorsión contra la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), cuya filial platense estaba conducida por Juan Pablo “Pata” Medina, a quien Villegas tenía entre ceja y ceja.

Pero no solamente a través de estas causas por extorsión se produjo la persecución a los gremios. Tal como lo informara oportunamente diario Hoy, el macrismo también utilizó a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para hostigar a las organizaciones sindicales. Conducida por Mariano Federici, la UIF investigó a 148 gremios y a 171 personas físicas en un esquema con “carácter de secreto”; una vieja demanda de la AFIP, en tanto, sirvió para apuntar contra Marcelo Balcedo.

El Soeme, un caso testigo

El 20 de diciembre de 2017, el entonces presidente Mauricio Macri se reunió en la Casa Rosada con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su secretario privado, Darío Nieto; su ministro de Trabajo, Jorge Triaca; la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Marí­a Eugenia Vidal, y quienes eran ministros bonaerenses de Trabajo y de Justicia, Marcelo Villegas y Gustavo Ferrari, respectivamente. En esa reunión se definió el plan para detener a Marcelo Balcedo, a la sazón titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme).

El arresto se produjo el 4 de enero de 2018. Para entonces ya se había instrumentado la justificación: una vieja denuncia contra el gremio por documentación impositiva. El plan, claro, era ir por el sindicato: el Soeme fue intervenido a fines de ese mes.

Esa intervención también se planificó desde la Casa Rosada. El 23 de enero se reunieron Villegas, Germán Garavano (quien era ministro de Justicia de la Nación) y Gustavo Arribas (por entonces número 1 de la Agencia Federal de Inteligencia). Fueron designados en la intervención exejecutivos de Telecom, empresa en la que Villegas había trabajado. Lo que siguió fue un proceso de vaciamiento de las arcas del gremio.

Diario Hoy repasó en detalle este proceso en su edición del 17 de enero de 2022. El propio diario fue víctima de la persecución macrista, que asfixió a casi todos los medios del grupo a través del retiro de la pauta oficial.