La firma le abonó parte de la deuda a empleados de otros lugares, pero a ninguno del oeste del GBA. El líder del SEOCA sostiene que la empresa “marginó y discriminó” a sus representados en represalia de haber ejercido una defensa de los derechos laborales.
A principios de mes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que consiguió que la AGIP destrabe fondos que retiene por operaciones que se realizan en esa jurisdicción para que la cadena Garbarino empiece a pagar salarios adeudados. Pero en el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Afines (SEOCA) estallaron de furia porque –al día de hoy- ni un centavo de esos 225 millones de pesos fue destinado a los trabajadores de las sucursales del oeste del conurbano de la cadena.
El grave desplante motivó a que Julio Rubén Ledesma, líder del SEOCA, enviara en las últimas horas una intimación a Garbarino para que cumpla incluya a sus representados en los pagos, bajo apercibimiento de nuevas acciones gremiales en tiendas operativas.
Desde el gremio sostienen que la empresa “marginó y discriminó” a los trabajadores y trabajadoras de la zona oeste en el pago de una parte de las diferencias salariales que se adeudan hace cuatro meses “en represalia de haber ejercido una defensa de los derechos laborales”, expresaron mediante un comunicado al que tuvo acceso Data Gremial.
“Venimos a INTIMARLO formalmente para que en perentorio plazo de 48 hs proceda a cancelar deudas salariales de los trabajadores y trabajadores de los distintos establecimientos que integran la red de sucursales de la empresa en Zona Oeste, a saber: Plaza Oeste, San Justo Shopping, San Justo Centro Comercial, Moreno, Laferrere, y Merlo”, dice un extracto de la carta documento enviada a Garbarino y que lleva la firma de Ledesma.
“Habremos de advertir que una vez más la empresa ha incumplido el compromiso asumido en el EX-2021-59065761- APN-DGD#MT, entre GARBARINO SA y FAECYS, acta labrada el día 04/08/2021, y mediante el cual se obligó a que el ingreso de dinero proveniente de la actuaciones administrativa que la empresa encauzó ante la AGIP, en el marco de los expedientes EX – 2021- 15727209 – GCBA – DGR y EX – 2021 – 16676752- GCABA – DGR, iba a ser destinado a saldar parte de las deudas salariales depositando en las cuentas de sueldo del colectivo laboral dichas sumas”, continúa el documento legal.
Y advierte: “No hay ninguna razón empresaria que justifique tal segregación negativa, y hay decenas de razones humanitarias que avalan el comportamiento contrario. Esta actitud mezquina, torpe desde el punto de vista de las relaciones colectivas, y vengativa, no será pasada por alto por esta organización sindical”.
Cómo sigue la situación de la cadena
Ante este complejo escenario, Carlos Rosales, actual dueño de la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina, decidió jugarse una nueva carta recurriendo a las autoridades nacionales para intentar obtener fondos del Estado que le permitan encarar un proceso de normalización de sus cuentas.
El también pro tesorero del club San Lorenzo de Almagro y propietario del grupo asegurador Prof, habría mantenido un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en busca de esos fondos frescos.
Voceros cercanos al empresario no pudieron confirmar la versión, aunque admitieron que hubo una reunión entre ejecutivos de Garbarino y el funcionario con el objetivo de solicitar auxilio financiero en el marco de las diferentes gestiones que la compañía viene llevando a cabo para sortear el ahogo financiero que atraviesa, producto de las deudas millonarias que acarrea desde hace varios años.
También se le solicitó acompañamiento y apoyo financiero para sortear la compleja situación a partir de una propuesta que ahora está en manos de Kulfas, quien la deberá evaluar y dar una respuesta defintiva en las próximas semanas.
Comentá la nota