El titular del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos), José Luis Lingeri, se pronunció en contra de la propuesta de la diputada electa de La Libertad Avanza (LLA), Diana Mondino, quien propuso que «los habitantes de barrios populares financien sus propias obras de infraestructura». Para el sindicalista, «son afirmaciones preocupantes» las de la funcionaria recién electa.

«Esas declaraciones son preocupantes y merecen una respuesta contundente. La Libertad Avanza ya se había pronunciado a favor de la privatización de los recursos hídricos y sostuvo que el valor del agua es cero, lo que atenta contra derechos los humanos fundamentales», señaló.

El repudio a los dichos de Mondino se hizo a través de un documento firmado por Lingeri, quien integra la CGT, alegando que «es inaceptable» y que sus dichos «demuestran un profundo desconocimiento de la realidad, además de la importancia de garantizar el acceso a servicios esenciales, como el agua y saneamiento».

«En el mundo miles de niños mueren a diario como consecuencia de la ausencia de acceso a esos servicios básicos. No es posible permitir que se instale la idea de que la inversión del Estado en obras públicas es un gasto inútil. Por cada dólar invertido en sistemas de agua y saneamiento, se ahorran 7 dólares en costos de salud», sostuvo Lingeri.

El dirigente gremial defendió, además, la administración estatal de la empresa, asegurando que desde la reestatización de la compañía «se trabajó de forma incansable para mejorar la calidad de vida de los argentinos, en especial en los sectores más vulnerables que carecen de acceso al agua potable y al saneamiento».

A través de programas como Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo, «se realizaron 1.056 obras y se instalaron casi 350.000 conexiones, que beneficiaron a más de 1.600.000 personas en el área de concesión», puntualizó el dirigente gremial dentro del documento de prensa.

Además, Lingeri se pronunció por «la universalización de los servicios y el acceso de todos, por lo que no es posible retroceder en las conquistas sociales que tanto costaron».

«Para expandir esos servicios en un barrio popular se requiere una inversión aproximada de u$s1.500 por familia, si se considera sólo las obras primarias. Si además se contempla la conexión interna, el gasto asciende a un promedio de u$s3.500 por familia. Muchas de ellas no cubren sus necesidades básicas con sus ingresos», enfatizó el dirigente gremial.

Para Lingeri, el Estado debe garantizar la inversión para asegurar «el acceso al agua potable y el saneamiento», y sostuvo que a partir del aporte de organismos mundiales «se realizaron obras históricas que proveyeron servicios esenciales a millones de personas».

El sindicalista concluyó afirmando que «la inversión pública continúa siendo crucial para garantizar el acceso universal a los servicios esenciales de agua potable y saneamiento, que deviene en bienestar y salud para todos los ciudadanos argentinos».