Mariano Beldyk

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pone primera esta semana con unas de sus promesas de campaña que ya había anunciado en su discurso del 1 de marzo y reiteró la última semana en el marco del AmCham Summit: dotar a la Ciudad de su propia Justicia de forma integral. El primer paso serán una serie de proyectos que desembarcarán en la Legislatura en los próximos días para crear el fuero laboral, una iniciativa que genera resistencias en la oposición local si bien aún no han tomado una postura oficial a la espera de conocer la letra chica de los proyectos. 

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En rigor se trata de tres proyectos que se trabajan en el Ministerio de Justicia de la Ciudad, a cargo de Gabino Tapia. Uno de ellos consiste en la creación del fuero laboral como tal; el segundo, elabora un Código de Procedimiento moderno y el tercero un Servicio de Conciliación Laboral que debe funcionar como instancia previa para las partes antes de llegar a los tribunales. 

Ante la demora para consolidar la transferencia del ámbito nacional al porteño de todo el sistema judicial a partir de la conquista de la autonomía en la Constitución de 1994 -solo se avanzó con el campo penal para los delitos ocurridos en el ámbito porteño-, la alternativa en el fuero laboral es el diseño desde cero. 

Para Macri es, además, un primer sello con el que quiere dejar su huella en la gestión porteña: de ahí que la orden haya sido al ministro Tapia que le dé particular celeridad a esta iniciativa en el marco de los 30 años que se cumplen, en 2024, de aquella reforma constitucional. "Hay una decisión política concreta", subrayan desde la gestión de la Ciudad. 

El aspecto más complejo de este camino es que gran parte de la demora en la puesta en funcionamiento de un fuero laboral nuevo radica en la necesidad de construir nuevas estructuras y cargos y consolidar los recursos necesarios para su funcionamiento. Ambas cuestiones no representarían un obstáculo si la vía utilizada fuera la de convenio de traspaso de potestades que implica oficinas, personal y recursos del ámbito nacional al local.

Como consecuencia, aún si se superara la votación en la Legislatura -y este no es un punto menor porque también el legislativo porteño copia el diseño fragmentado el Congreso nacional en esta etapa-, poner en operatividad el fuero laboral significará la creación de los cargos correspondientes a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad a través de concursos, lo que llevará un plazo adicional de tiempo.

El proyecto que elabora el Ejecutivo de Jorge Macri y que llegará a la Legislatura esta semana plantea la creación de 8 a 10 juzgados laborales y dos salas de apelación en segunda instancia. De todos modos, en el Gobierno porteño destacan la decisión política de impulsarlo y que solo es el primer paso de un plan más profundo que abarca el resto de los fueros de la Justicia. 

Si bien se decidió arrancar por el laboral, ya se piensa también en seguir el mismo camino con el fuero Civil. A velocidad diferenciada pero todos los proyectos en esta dirección ya se están encaminando desde el Ejecutivo con equipos específicos, aseguran. Arrancar por el laboral es también una señal de las autoridades porteñas en línea con el debate que hace tiempo se está dando en el plano nacional sobre la reforma laboral.

Si bien la Justicia porteña debe adecuarse en lo conceptual a los códigos nacionales, el Ejecutivo cree que se pueden agilizar los tiempos de resolución de conflictos para facilitar trámites que suelen demorar un promedio de siete años con consecuencias tanto para el empleador como para el empleado en litigio. "Estas demoras se traducen en pérdidas económicas", detallan a este medio.

Asimismo, en la Ciudad ponderan como positivo que la creación de un fuero laboral desde cero implica una oportunidad, más allá de las dificultades mencionadas, para generar una Justicia "más dinámica y moderna", con una serie de cambios en la mecánica de funcionamiento que permitan agilizar los procesos. 

Para ello se inspiran en una serie de modelos que analizan a través de estudios de legislaciones comparadas. Toman casos como los de Brasil y España, e incluso el de algunas provincias argentinas, en cuestiones como la digitalización de los expedientes; la aplicación de sistemas tecnológicos para el ingreso de pruebas a lo largo del proceso siguiendo esquemas ya probados y la realización de audiencias virtuales con los requerimientos necesario, entre otras cuestiones técnicas.

En la Legislatura porteña, no obstante, el oficialismo no la tiene sencilla. Depende, en gran medida, de la negociación con otros bloques. Uno de los desafíos de Jorge Macri es no solo mantener alineada las facciones internas de PRO sino preservar la alianza de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, con los bloques de UCR Evolución, Socialistas y Republicanos Unidos para controlar el paso de los proyectos por la Legislatura.

Como detalla un informe de la Agencia de Información Legislativa Esfera Pública, desde diciembre el bloque oficialista no es siquiera primera minoría: ese lugar lo tiene Unión por la Patria, con 18 bancas. Vamos por Más -actual denominación del espacio de gobierno- tiene 15, y necesitará de los radicales (8), socialistas (1), ocañistas (3), republicanos unidos (1) y liberales (2). Y ni siquiera con todos y cada uno de ellos tendrá la mayoría de 31 votos que le permita prescindir de las diseminadas tribus libertarias (9).

Hoy, el principal adversario, Unión por la Patria, no tiene postura unánime en este sentido. Ante la consulta de El Cronista con algunos de sus referentes, desde el bloque sostuvieron que, a priori, consideran necesario que exista una Justicia nacional del trabajo y que cualquier fuero que se agregue a nivel local debería ser para casos individuales, sin dejar desprotegidos los derechos colectivos de los trabajadores de todo el país.

Así y todo, reconocen que hay matices y que se debe esperar la letra de los proyectos para sentar una postura.