El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, se presentó en la Legislatura para defender esta iniciativa, impulsada por el jefe de gobierno Jorge Macri, y que busca dar un paso más en la autonomía judicial del distrito.

Actualmente, las demandas laborales de la Ciudad están bajo la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo que responde a los derechos laborales y colectivos, pero el proyecto contempla la creación de diez juzgados laborales y dos Cámaras de Apelaciones en el ámbito porteño.

La propuesta promete reducir los tiempos de los juicios laborales, que en la Justicia Nacional suelen extenderse entre cinco y seis años. En cambio, la administración porteña proyecta que el nuevo fuero laboral podría dictar sentencias firmes en aproximadamente un año y medio. Además, el plan incluye implementar un esquema de cálculo para indemnizaciones más fijo que el actual, que busca reducirlas y evitar lo que los empleadores llaman «desproporciones».

La iniciativa enfrenta resistencia tanto de sectores sindicales como de la Justicia Nacional. Julio Piumato, secretario general del gremio de los Judiciales y miembro de la CGT, expresó su rechazo al proyecto, argumentando que «la justicia laboral debería federalizarse, no ser local». Para Piumato, la creación del nuevo fuero es un intento por reducir derechos laborales a través de modificaciones en los fallos judiciales.

En la Legislatura, el proyecto cuenta con un respaldo político significativo, incluyendo al PRO, la UCR y parte de la bancada de Unión por la Patria. Dirigentes del radicalismo señalaron que el cambio será positivo y aseguraron que «hoy un proceso judicial en la Ciudad es más rápido que en la Justicia Nacional». Sin embargo, anticipan que el proyecto enfrentará impugnaciones legales, ya que la llamada «ley Cafiero» aún prohíbe el traspaso de algunos fueros nacionales a la Ciudad.