En una conferencia de prensa en la sede de la CTA Perón, dirigentes brindaron detalles de los alcances del Paro Nacional que se realizará mañana, miércoles 14 de junio.

Ricardo Peidro, secretario General Adjunto de la CTA Autónoma y cabeza de la CTA Perón afirmó que las organizaciones tanto sociales como sindicales están denunciando el empobrecimiento general de los sectores populares. “Esto es además avalado por datos del Indec, por consultoras privadas y la UCA”.

Mientras se está convocando a una nueva ronda del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el dirigente afirmó que lo que harán será “comunicar un nuevo “acuerdo” con criterios establecidos por las patronales y el Gobierno que dejarán a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza”. Asimismo señaló que, según lo relevado por la Central, “el salario promedio en nuestro país es de $8500 no puede estar por debajo de los $14500 para lograr escapar de la pobreza”.

Otro reclamo que se hará presente este miércoles en las calles de todo el país tiene que ver con que se haga efectiva la Ley de Emergencia social ya sancionada por el Congreso y que el gobierno se niega a implementar plenamente o bien discrimina a algunas organizaciones.

Peidro también hizo referencia al Informe sobre el incremento de la criminalización de la protesta social elaborado por El Observatorio del Derecho Social de la CTA-A junto a Liberpueblo. Según revela ese trabajo “queda claro el intento de usar las fuerzas federales y las policías locales para disciplinar a los organizaciones que protestan”.

“Se responde con violencia a demandas que deberían cumplirse por derechos que están garantizados por la Constitución Nacional”, afirmó Peidro y denunció la metodología de aplicar de manera sistemática la violencia: “detención de dirigentes, apertura y acumulación de causas judiciales contra dirigentes Sindicales y Sociales”.

Luego Peidro informó que la Central va a presentar un proyecto de Ley en el Congreso Nacional para el cierre de las causas penales contra todos los luchadores populares que están siendo procesados penalmente, para lo que ya están previstas reuniones con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Seguidamente Hugo “Cachorro” Godoy ratificó que el miércoles ATE adhiere y se moviliza en todo el país y aseguró que además los estatales estarán de paro “vamos a parar en el Estado Nacional, provincial y Municipal en todo el país”. Y informó que el titular de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS)Leonardo Fabre le comunicó su adhesión a la Jornada. Godoy denunció además el intento de vaciamiento del ANSES al tiempo que anunció el inicio de un plan de lucha contra para frenar el desguace de este organismo público.

El titular de ATE insistió con la necesidad de terminar con la persecución a los luchadores populares y dio detalles de las gestiones para presentar el proyecto de Ley contra la crimininalización de la protesta social, hizo referencia a los casos quizás más notables como los de Río Negro y la persecución a los dirigentes de ATE Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, los dirigentes de los gremios azucareros de Salta y jujuy y lo que actualmente está ocurriendo en Córdoba con el conflicto de los trabajadores del transporte: “Es un instrumento para que nuestra clase trabajadora se rinda, se subordine y se resigne”.

Godoy también volvió a exigir que la CTA-A sea convocada al Consejo del Salario, ya que hasta ahora el gobierno “Sólo convocan a aquellos que le dicen a todo que sí”. Finalmente informó que la jornada va a ser protagonizada por los trabajadores Judiciales y docentes de la provincia de Buenos Aires, y por los movimientos sociales y territoriales de la Central “por ellos es que se va a marchar primero al Ministerio de Desarrollo Social, y también adhiere la Corriente Clasista y Combativa a que se sumará a la marcha en el Congreso”.

Finalmente, Luis Campos director del Observatorio del Derecho Social de la Central dio detalles del informe realizado junto a el organismo de derechos humanos Liberpueblo, donde se analiza de manera pormenorizada la criminalizacion de la protesta social. En ese sentido enumera las acciones del Estado contra los luchadores sociales entre enero de 2016 y marzo de 2017 “relevamos datos sobre violencia física contra manifestantes, detenciones y apertura de causas penales en el contexto de protesta social contra trabajadores y organizaciones sociales. Concluimos que es la respuesta sistemática de los distintos niveles estatales intentando ponerle límites a reclamos que están en la letra de la Constitución Nacional”.

Además estuvieron presentes en la rueda de Prensa los y las dirigentes: Carolina Ocar, Oscar de Isasi, Jorge Castro, Silvia León, Marcelo Capiello y la dirigente de derechos humanos Diana Kordón.