Los posibles desmanejos de la obra social de los trabajadores de la justicia nacional se suman a los cuestionamientos de los ministros del máximo tribunal argentino, que enfrentan en estos días el inicio de varios pedidos de juicio político.

A partir del proyecto de los legisladores de extracción sindical, se busca saber si humo irregularidades o desvíos de fondos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que hace tiempo es motivo de denuncias por los problemas en la atención, lo que generó una auditoria y una posterior denuncia penal, que apunta a la falta de transparencia entre los años 2008 y 2021.

La situación de la OSPJN fue motivo de diversas protestas desde la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que logró luego de un importante plan de luchaun lugar en el directorio de la entidad, para mejorar las formas de controles. El sindicato que lidera Julio Piumato explicó cómo está hoy la obra social y el juicio contra la Corte Suprema, el cual no respalda.

El proyecto para incluir el desmanejo de la OSPJN entre las causantes de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia fue presentado por los diputados oficialistas María Rosa Martínez y Pablo Carro.

«Presentamos un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación a los cuatro integrantes de la Corte por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación«, afirmó Martínez, integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, en declaraciones radiales.

María Rosa Martínez disparó contra la Corte porque “incurrió en desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial” @mrmartinez55 @FrenteDeTodos https://t.co/d25wMagFjX

— Parlamentario (@elparlamentario) February 8, 2023

La legisladora sostuvo que «el daño institucional provocado por la Corte es muy grave» y recordó que en el año 2008 se llegó a «una acordada que habilitó al máximo tribunal de justicia a una serie de atribuciones en la obra social del Poder Judicial«.

Esto hizo que desde ese año la OSPJN estuviera bajo el control de Aldo Tonón, director médico de la entidad, que fuera designado por el ministro Juan Carlos Maqueda. A partir de ese momento la entidad de salud quedó en manos de la Secretaría General de la misma Corte, a cargo de Daniel Marchi.

Esa resolución le otorgaba a la Corte Suprema la potestad de realizar auditoría de la gestión, contrataciones, fijar el plan presupuestario y los nombramientos de la comisión directiva de la prestadora. En este sentido, Martínez consignó que se registró en la obra social «una falta de previsión presupuestaria» y los balances «no eran firmados por el colegio profesional de Ciencias Económicas«.

Viejo reclamo

Durante los últimos años, la UEJN denunció los problemas administrativos que sufrió la obra social, que derivó en la falta de atención de los afiliados, de turnos para especialistas con demoras de meses y otras cuestiones.

El año pasado, el reclamo para ser parte de la administración del directorio de la entidad fue parte del pliego de reivindicaciones presentados a funcionarios y jueces. «Eso lo logramos en diciembre pasado, ahora una compañera ocupa un sillón en ese lugar», le recordó a Gestión Sindical una fuente de la UEJN.

La resolución 3407 emitida este jueves por la CSJN establece el nombramiento de la secretaria Adjunta de la UEJN Maia Volcovinsky por el plazo de tres años para ser parte del esquema de conducción de la obra social.

Asimismo, el escrito incorpora también a Juan Bernardo Rodríguez del Sel por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y designa al médico Mariano Althabe como Presidente del Directorio de la Obra Social y a la abogada Cora Borensztejn como vicepresidenta.

Además, el otro pedido del gremio era «que se corra a los directores que por año permitieron ese deterioro», algo que se fue dando paulatinamente. «Desde adentro nos encontramos con cosas que sabíamos, como la falta de balances y el manejo arbitrario de los fondos, que se busca corregir», agregaron las fuentes consultadas.

Si bien no terminaron de ver el proyecto presentado por Martínez y Carro, no contaría con el apoyo del sindicato de Piumato, que ató esta propuesta a «la ofensiva contra la Justicia».

Juicio Político

En tanto, este jueves la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismo buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Entre ellos se incluirá el de Martínez y Carro, para incluir el manejo de la obra social como parte de los cuestionamientos.

«Nosotros desde el gremio no apoyamos este juicio político, creemos que es parte de un ataque contra la Justicia que viene practicando este gobierno», afirmaron las fuentes de la UEJN. Su líder histórico, Julio Piumato, es parte de la dirigencia sindical que desde hace años se alejó del kirchnerismo, al punto que buscó ser diputado nacional en CABA con una fuerza propia.

En el gremio consideran que la movida que fomenta el oficialismo contra el máximo tribunal «atenta contra la división de poderes y la independencia de la Justicia que necesita el país».

Respecto a la OSPJN, el proyecto presentado marca que «hay alrededor de 400 denuncias en sede judicial, y causas judiciales abiertas por los trabajadores de la prestadora». En tanto, Martínez aseguró que la denuncia ratificada por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), donde también se exponen irregularidades en el manejo de la Obra Social «fue muy importante».

«La denuncia de la Coalición Cívica reitera el tema, casi en los mismos términos que nosotros. Con la acusación de Oliveto queda claro que hay razones fundadas», completó.