Por Pablo Lapuente

Si bien todavía faltan siete días para el paro con movilización de la CGT, que se estima esta vez sí será multitudinaria, a diferencia de la marcha testimonial frente a Tribunales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su equipo de gestión comenzaron a aceitar el protocolo antipiquetes que pondrán en marcha ese día, aunque supeditaron buena parte del éxito a la coordinación con la Ciudad de Buenos Aires. Es que, según pudo saber Letra P, asoma cierta tensión entre Nación y el área metropolitana que dirige Waldo Wolff, bajo la conjetura de que el ministerio porteño se ponga laxo con las medidas y autorice a los manifestantes a cortar las calles.

La marcha de la CGT, junto con el rediseño del Comando Único Urbano en el territorio bonaerense donde hay un indisimulable cortocircuito con Axel Kicillof, con el que le darán nuevos roles y ubicaciones a las fuerzas federales, es uno de los que más ocupa por estas horas a los integrantes del gabinete de Seguridad bullrichista. En parte porque todos los reflectores mediáticos estarán puestos en ese operativo, que buscará contener la movilización que la central obrera realizará frente al Congreso contra la ley ómnibus, pero también porque pondrá a prueba la coordinación entre ambas jurisdicciones a un mes y medio de gobierno de Javier Milei.

"Si en la Ciudad deciden autorizar cortes de calles y la ocupación de espacios públicos es un problema para el operativo de ese día, pero también para después, porque podría sentar un precedente negativo. No puede haber una ley buena y una ley mala dependiendo si hay un corte de la CGT o un corte de una agrupación en una ruta. No se puede cortar y punto", remarcó ante este medio una fuente relevante del Ministerio de Seguridad nacional.

La postura es respaldada por la misma Bullrich. De hecho, fue una bajada de línea que la ministra le dio a su equipo y es una postura pública que suele repetir cada vez que puede, como lo hizo en el plenario de comisiones que analizó la semana pasada el paquete de reformas que envió la Casa Rosada al Congreso. "Cuando los gobiernos son peronistas, el sindicalismo casi no hace paros, y cuando gobierna otro signo político la cantidad aumenta considerablemente”, dijo la titular del PRO, después de pedir que no se llevara adelante la marcha y que, en el caso de continuar con la medida de fuerza, no dudará en prohibir la interrupción del tránsito.

La intransigencia bullrichista la coloca incluso a la derecha de Wolff, el ministro de Seguridad del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. No es la primera vez que hay matices políticos entre ambos ministerios. Incluso, a instancias de la movilización de Unidad Piquetera el 19 de diciembre, que significó el debut del protocolo antipiquetes, en la sede gubernamental de Uspallata dudaban de la efectividad del modelo Bullrich, al que atribuían un rol más mediático que efectivo. Finalmente, a ojos de los funcionarios nacionales, la iniciativa funcionó.

La marcha se llevará adelante después de multitudinaria congregación de la CGT, las dos CTA, Unidad Piquetera, y movimientos sociales al palacio de Tribunales el pasado 27 de diciembre. Esta vez será desde el mediodía en la Plaza del Congreso, e incluirá numerosos sectores del transporte Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea distintos gremios como la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos.