Marina Jaureguiberry aseguró que el Gobierno nacional planteó en la reunión paritaria que sean las provincias quienes traigan propuestas de salario mínimo docente y criticó la baja del FONID, el fondo nacional que fortalece el salario de los trabajadores de la educación. “No solamente no nos ofrecieron nada, sino que tampoco tenemos expectativas para la próxima reunión”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marina Jaureguiberry es secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados y consejera nacional del Partido Justicialista.

Alejandro Gomel: Algunos gremios docentes anunciaron un paro para el próximo lunes 4 de marzo. ¿Es así?

Sí, así es. Ayer hemos anunciado esta decisión de los cuatro sindicatos docentes de CGT que integramos la paritaria, ante la inexistencia de propuestas y respuestas a los planteos, y ante una definición fuerte por parte del Gobierno, anunciada por el secretario de Educación en la mesa de negociación, que es que el Gobierno ha decidido no continuar con el FONID. 

El FONID es directamente salario en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de la educación en todo el país. Es el aporte que el Estado nacional hace a la composición del salario docente desde hace más de 20 años, y que hoy implica concretamente $28.700 por cargo, que se traduce en porcentajes que varían entre un 10 y un 20% del salario.

Lejos de dar respuestas a cualquier expectativa mínima de mejoramiento salarial frente al escenario inflacionario, lo que se nos comunica con total contundencia es una reducción salarial.

AG: ¿Hay alguna propuesta con respecto al salario mínimo de los docentes a nivel nacional?

No hay absolutamente ningún avance. Es importante señalar que, tanto el piso salarial docente como el FONID son producto de una larga lucha docente después de los 90, que nos llevó a esta definición lograda en la mesa de la paritaria, que tiene que ver con que el Estado nacional, como responsable de la educación en todo el país, contribuya estableciendo estos parámetros. Hoy el piso está en $250.000, que incluyen el FONID.

A su vez no hubo ninguna oferta. Lo único que se dijo es que los Gobiernos provinciales, a través de sus ministerios de Educación, tienen que traer a la próxima reunión las propuestas que las provincias consideren que tendrían que alcanzar ese mínimo. Así que no solamente no nos ofrecieron nada, sino que tampoco tenemos expectativas para la próxima reunión.

AG: Es decir, lo que hizo la secretaría de Educación nacional fue tirarle la pelota a las provincias, para que sean ellas las que propongan el salario mínimo, ¿es así?

Totalmente. Esto guarda coherencia con un posicionamiento que se viene sosteniendo, que se planteaba también en el articulado de la Ley Ómnibus en referencia a la educación, que es esta idea de que la educación tiene que depender de las provincias. Pero nosotros tenemos toda una normativa vigente, pero fundamentalmente la Ley de Educación Nacional, que ha sido el consenso máximo alcanzado en este país por todos los actores del sistema, claramente establece que la educación es un derecho humano y un bien público social que debe ser garantizado por el Estado nacional y las provincias.

AG: El Gobierno busca declarar la educación como servicio esencial con el fin de recortar lo que tiene que ver con paros y medidas de fuerza. ¿De esto también se habló?

No. Ahí corresponde aclarar dos cosas. La verdad es que los docentes y las docentes no es que queremos parar, queremos estar en la escuela dando clases, con el compromiso absoluto que hemos demostrado siempre, pero que en la pandemia ha quedado absolutamente demostrado, y con el rol central que tenemos en el sistema educativo.

Después, que en el Gobierno de De la Rúa, siendo Patricia Bullrich ministra de Trabajo, se declaró como servicio esencial la Educación, los sindicatos docentes fuimos a la justicia, y hay sentencias firmes que dicen lo contrario. Además se expidieron organismos internacionales, como la OIT y otros, no solamente reconociendo el derecho de huelga, sino también especificando que la educación no es un servicio esencial.

También hay que recordar que tenemos una normativa vigente, la Ley de Ordenamiento Laboral, 25.867, que expresamente dice cuáles son los servicios esenciales y reglamente cómo deben ser garantizados, y la educación no está ahí.

Simplemente decimos que hay un marco normativo y un andamiaje jurídico que da sustento a nuestras posiciones, solamente queremos que se respete. 

AG: ¿Cómo termina esto? ¿Cómo imagina el mediano plazo?

Bueno, la primera cuestión es que no podemos dejar de pensar que se necesita una reflexión y que necesitamos que se abran las instancias de diálogo.

También hay un movimiento que quiero señalar. En la reunión de la paritaria está el Consejo Federal de Educación, con las voces de todas las provincias a través de los ministros y ministras que representan las regiones. Allí hubo una voz unívoca en el sentido de peticionar al Gobierno nacional que claramente determine la liquidación de los fondos que se adeudan en materia educativa y además que sostenga los programas y cuestiones tales como el FONID, que son necesarias para definir las mesas salariales.