Por Nelson Saldivia.

En la previa de la firma del Pacto de Mayo, luego de su aprobación final el 27 de junio, el Gobierno promulgó este lunes 8 de julio la ley de Bases junto con el paquete fiscal.

La administración nacional finalmente publicó los Decretos 592 y 593 que disponen la entrada en vigencia de ambas normativas sancionadas por el Congreso luego de meses de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo con los bloques dialoguistas de la oposición.

Cumplido el trámite de su publicación en el Boletín Oficial, en el caso de las reformas introducidas al Impuesto a las Ganancias, se prevé que en los próximos días comience una lluvia de presentaciones judiciales en diferentes juzgados por parte de las organizaciones sindicales.

Los gremios marítimos habían anticipado que de sancionarse los cambios en la Cámara de Diputados y su promulgación por parte del Gobierno de Javier Milei abrirían una batalla judicial en un intento por suspender su aplicación.

La denominada Mesa Sindical, en la que se encuentra enrolado el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) confirmó que recurrirá a la Justicia, siendo uno de los planteos que la norma aprobada no habría cumplido con el Art. 81 de la Constitución Nacional que indica que «ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año»; esto en referencia a que en el Senado no se incluyó el capítulo referido a este impuesto y sí fue incorporado por la Cámara de Diputados.

“Ilegal, confiscatorio y falaz”

Los gremios señalan que el Senado «rechazó por completo el capítulo de Ganancias y Bienes Personales. Está claro que la cámara de origen no podría tratar un proyecto que retornó a su ámbito sin esos capítulos», detallan sobre uno de los ejes en los que basarán las presentaciones ante el Poder Judicial.

«El combo fue tridimensional: impuesto al salario a dos millones de trabajadores, además de restituir las exenciones que se habían logrado, rebaja de Bienes Personales para los doscientos mil contribuyentes más ricos y el blanqueo de capitales de fugadores o de dudosa procedencia», cuestionan desde la Mesa Sindical al tiempo de considerar que esa reforma «es ilegal, confiscatorio y falaz. Por lo tanto, nulo».

Estrategia común

Las organizaciones sindicales anticiparon que «el primer paso será reclamar su nulidad ante la Justicia. Además, impulsaremos una estrategia común para frenar este avasallamiento como así también la retrógrada reforma laboral que introduce elementos del siglo XIX: un empleador que contratare hasta tres trabajadores no tendrá la responsabilidad de un patrón, las empresas que no hayan registrado a sus trabajadores o lo hayan hecho en forma incorrecta dejarán de ser sancionadas con multas, se elimina la discriminación como causal de despido, se amplía el periodo de prueba hasta un año, se penaliza la protesta», enumeran los gremios sobre los puntos que rechazan de las leyes promulgadas este lunes.

No obstante, advierten que «iniciamos una nueva etapa de nuestra lucha por el respeto de los derechos laborales, la equidad impositiva y el mantenimiento de los más alto del principio de soberanía, sin el cual no sobreviremos al enfrentamiento global por adueñarse de los recursos naturales y la calidad de vida de los pueblos», expresaron.

La CGT planea una movilización

Por su parte, los sindicatos de la CGT que responden al clan Moyano y de extracción kirchnerista ya resolvieron que denunciarán ante la Justicia la inconstitucionalidad de la reinstalación del Impuesto a las Ganancias y realizarán una movilización ante el Palacio de Tribunales el día en que hagan la presentación.

En una reunión del jueves pasado también se decidió crear una “mesa técnica” con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del Impuesto a las Ganancias y, luego de la presentación ante la Justicia, realizar asambleas informativas para explicar los alcances de la medida judicial solicitada.