A mediados de abril, luego de varios encuentros cargados de tensión, las cámaras empresariales que reúnen a los establecimientos de salud privado firmaron el último tramo de la paritaria 2020, luego de una amenaza de paro del gremio de la Sanidad.

En plena pandemia, el personal del sector venía reclamando un aumento de salarios que reconozca a el esfuerzo que vienen realizando, tanto con mejores condiciones laborales como salariales. Lo áspero de la negociación fue un anticipo de lo que iba a pasar en estos días, cuando se inicie la paritaria de este año.

Es que las clínicas y sanatorios argumentan que por la pandemia no pueden afrontar más aumentos, ya que el sistema está “al borde del colapso”. Incluso pidieron postergar la discusión, que debe comenzar este año. Esto puso en alerta al gremio que lidera Héctor Daer, coconductor de la CGT, que rechazó cualquier retraso en la discusión.

El jueves, en el Ministerio de Trabajo, los representantes de ambos sectores se vieron las caras, y la tensión fue la principal protagonista. Luego del mismo, que no incluyó ninguna oferta, desde el sindicato salieron a meter presión, y no descartan medidas de fuerza.

En tanto, las patronales redoblan la apuesta y juegan una carta fuerte: ir a la justicia para pedir suspender los aumentos o autorizar que suban las prestaciones. Esta paritaria es clave para el clima del segundo semestre, donde el Gobierno nacional teme crezca la conflictividad laboral.

El Ministerio de Trabajo convocó a las partes para confirmar que habrá discusión salarial, luego que la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) pidiera posponer la discusión, ya que la mayoría asegura que con las actuales condiciones del sistema sanitario, saturado por los casos de coronavirus, no pueden afrontar los aumentos.

“Si el 30 de junio no hay acuerdo, tomaremos medidas de fuerza”, dijo sin titubear una fuente del gremio de la Sanidad, ante la consulta de Gestión Sindical. La misma fuente dijo que cayó “muy mal” el pedido de las empresas, y afirmó que “el personal sanitario está poniendo el cuerpo en la lucha contra la pandemia, y no puede cobrar sueldos que no le permitan llegar a fin de mes.

El año pasado luchamos por la vida de los compañeros, este año por mejores condiciones de trabajo. La deuda es con el personal de salud”. Ya en el cierre de la paritaria 2020, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) tuvo que amenazar con un paro para lograr que se termine de otorgar un aumento acorde a la inflación de los tres primeros meses del año.

Incluso hubo un llamado a medidas de fuerza, en medio de los crecimientos de contagios de la segunda ola, que fue desactivado por la cartera laboral. Ahora, sin oferta salarial, crece la tensión.

La vía judicial

En el sector empresarial mantiene el argumento de la falta de recursos y el colapso del sistema por la pandemia, que hace que las clínicas y sanatorios no puedan pagar esos aumentos, si no se aumentan el valor de las prestaciones.

Pero ahí se chocan con la negativa de las prepagas, que vienen reclamando un aumento de las cuotas para paliar la misma situación. Este círculo vicioso parece no tener salida. Por eso, en el sector adelantan que podrían recurrir a la justicia para destrabar la crisis. En la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a empresas que tienen establecimientos de atención, afirman que “analizan presentar un amparo judicial para que se autorice el aumento de las cuotas, que sólo tuvieron un ajuste del 10 por ciento en dos cuotas, muy por debajo de la inflación”.

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Así lo confirmaron fuentes del sector consultadas por Gestión Sindical, que dicen que esa es la única forma de romper este esquema deficitario. En este sentido, recordaron que uno de los problemas es que la suba de los precios de insumos básicos hace “imposible” pagar más prestaciones o salarios, sin ajustar cuotas.

“En el caso de los medicamentos subieron hasta 10 puntos por encima de la inflación, así non se puede sostener la atención”, recalcaron las fuentes consultadas, que pusieron como ejemplo lo que pasa con los fármacos usados para pacientes internados por coronavirus. “Subieron un 1.300 por ciento, antes de que se congelen. Hoy un paciente en UTI cuesta 100 mil pesos diarios, con los niveles de ocupación, es inviable”, ejemplificaron. 

En estos momentos, la ocupación de camas en todo el sistema está en torno del 70 por ciento, mientras que en la zona del AMBA está en el 75 por ciento. Con estos números, el sector privado está en “constante estrés”.

Además, las empresas afirman que en muchos lugares del país ya se está teniendo problemas de atención. En el sur, por ejemplo, establecimientos de Río Negro están “al límite” y explicaron que está en riesgo la continuidad de la atención.

“La crisis sanitaria provocada por la pandemia tiene muchas aristas y ribetes. Algunas tienen más visibilidad pública, tales como la cantidad de contagios, internaciones, fallecimientos, recuperados, utilización de camas, etc. Sin embargo, existe un aspecto que es esencial y es el rol y sustentabilidad de los prestadores privados, que constituyen el principal pilar de atención en la provincia de Río Negro”, agregaron mediante un comunicado de prensa.

Conflictividad laboral

El caso de la paritaria de la Sanidad es un ejemplo de la tensión que puede dominar el segundo semestre del año, donde se definirán paritarias clave, como la de los bancarios o la de camioneros. En la Casa Rosada hay preocupación por cómo pueda evolucionar la conflictividad laboral, mientras que en los gremios también el clima es de alerta, ya que ven que la inflación hace difícil cerrar convenios con cifras cercanas a la “pauta oficial”, y en muchos casos la pérdida salarial parece inevitable.

Las perspectivas respecto a la conflictividad encendieron las alarmas en el Gobierno, luego que la inflación le metiera presión a las paritarias, que comenzaron a romper la “pauta oficial” que pretende el Ministerio de Economía, y ya está en torno del 40 por ciento.

Por eso, cada acuerdo salarial que llega o supera esa marca es un antecedente para el segundo semestre. Incluso la presión aparece en pautas salariales cerradas, como la del Estado nacional, que desde distintos espacios buscan abrir por considerarla “a la baja”.

En este punto, este viernes hubo una nueva manifestación de juntas internas del Estado nacional, que rechazan la suba del 35 por ciento firmada por ATE y UPCN. “La reciente firma de la paritaria por parte del Gobierno, UPCN y la conducción de ATE estableció un aumento del 35 por ciento en 6 cuotas: rechazamos este acuerdo porque constituye una nueva rebaja salarial”, dijo al respecto Raúl Llaneza, delegado de ATE en el INDEC.

El dirigente le dijo a Gestión Sindical que incluso el gremio estatal que lidera Hugo “Cachorro” Godoy “aún no convocó a un plenario para debatir la paritaria”. “Planteamos la inmediata reapertura de la paritaria, dado que la cláusula de revisión prevista recién para noviembre, después de las elecciones, no garantiza en absoluto que podamos ganarle a la inflación: para ello es necesario que se establezca la cláusula gatillo, que ajusta mensualmente el salario por la inflación”, agregó Llaneza.