En medio del recrudecimiento del conflicto Mapuche, la CTA Autónoma y ATE Nacional se pronunciaron en favor y exigieron la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de Tierras que ocupan ancestralmente las Comunidades Indígenas.

Vale recordar que el vencimiento es el próximo 23 de noviembre y que cuenta con media sanción del Senado, con un presupuesto acorde para su efectiva implementación y la sanción de una norma que reconozca la propiedad comunitaria de sus territorios.

La ley fue declarada en el año 2006, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Se trató de un logro político propio de la lucha en función de la grave situación de despojo y violencia hacia los pueblos y comunidades indígenas, violando toda normativa nacional e internacional que los protege.

Así, una vez en vigencia se declara la emergencia territorial en todo el país, estableciendo la suspensión de toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que dicten el desalojo o la desocupación de las tierras que ocupan las comunidades indígenas; ordenando a la vez que se realice un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Un relevamiento territorial que, en el marco de las sucesivas prórrogas y planificado para hacerse en los primeros tres años de sancionada la ley, aún no ha concluido.

Según el informe del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (INAI) realizado el 15/10/21, de 1760 comunidades indígenas identificadas por la Dirección de Tierras del INAI, quedan aún un 43,4% sin relevar, en tanto que un 56,6% se encuentra en diferentes niveles de ejecución, obstaculizando de esta manera el derecho a la propiedad comunitaria indígena.

«Ante la agudización y exponencial persecución y criminalización del pueblo Mapuche y frente a la existencia en todo el país de numerosos conflictos territoriales con los pueblos y comunidades indígenas, es ineludible su prórroga y su tratamiento inmediato», señalaron ambas organizaciones con un comunicado conjunto.

«De no concretarse, no sólo se potencia y agrava la actual situación sino que se profundiza la desprotección frente a intereses privados y/o públicos sobre sus territorios», añadieron.