Héctor Daer, el sindicalista de mejor relación con Alberto Fernández, decidió un plan de lucha ante el fracaso de las paritarias que afectará al sector de la salud justo en medio de la pandemia. ¿Seguirá teniendo esa misma relación después de esa medida de fuerza? ¿Es una protesta contra los empresarios o contra un gobierno que desde hace meses conoce las urgencias de la actividad y aún no hizo nada?

Las protestas del Sindicato de Sanidad, que tendrán lugar este jueves y viernes, no tienen como destinatario al Presidente, pero también lo perjudican porque le abrirán un inesperado frente en el sistema sanitario cuando hace agua el plan de vacunación y se perfila la segunda ola tan temida.

En realidad, lo tienen como destinatario de manera indirecta: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien tuvo que intervenir personalmente este lunes para intentar destrabar la paritaria de Sanidad, se comprometió a trasladarle a Alberto Fernández la postura de las prestadoras de salud, que en la reunión que se hizo en la cartera laboral ratificaron lo que vienen advirtiendo desde el año pasado: el retraso en los valores de las prestaciones y los aumentos de costos que sufrió el sector durante 2020, que provoca un desfase que cercano al 50%, dejó a muchas empresas “al límite de la subsistencia”.

Esa problema fue el eje de las reuniones que la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) mantuvo en enero pasado con el primer mandatario y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Gracias a todo el trabajo que venimos haciendo juntos logramos que nos recibiera el presidente de la Nación, algo inédito para nuestro sector. En esa oportunidad, pudimos explicarle en una charla muy clara las particularidades de nuestro sistema y los serios inconvenientes que hemos sufrido en los últimos años, agravados por las consecuencias de la pandemia. El Presidente y el jefe de Gabinete nos escucharon y se comprometieron a ayudarnos”, dijo el titular de la FAPS, José Sánchez, en un Zoom del 15 de enero a unos 1000 representantes de los prestadores de salud de todo el país.

Nada concreto en materia de soluciones sucedió desde entonces, pese a que los prestadores de salud alertaron que iban a tener dificultades para pagar los sueldos de febrero y que se aproximaba la revisión salarial de marzo mientras había empresas que no habían podido pagar el aguinaldo.

La falta de actualización de las prestaciones ya ocasionó el cierre de varios centros de salud en el conurbano bonaerense que están orientados a la atención de adultos mayores: se estima que el 10% de las clínicas está por cerrar o en proceso de concurso. Dos de ellas que cerraron, la Clínica San Andrés, en Caseros, y la Sagrado Corazón, en Hurlingham, atendían a 40.000 afiliados al PAMI.

Tampoco le fue mucho mejor a Daer. Más allá del trato privilegiado que recibió por parte de Alberto Fernández por su condición de cotitular de la CGT, el líder de Sanidad soportó curiosas muestras de destrato hacia su actividad en medio de la pandemia, como la que se registró a fines de marzo de 2020, cuando el sindicato anunció con bombos y platillos que había logrado la eximición del pago del transporte para los trabajadores del sector, pero la medida, en realidad, nunca se instrumentó.

Ante el desplante del propio Gobierno hacia el sindicalista favorito del Presidente, el Sindicato de Sanidad presentó un amparo para lograr que se aplicara el boleto gratuito. Ni siquiera así lo logró.

A mediados de octubre pasado, el malestar del jefe de Sanidad terminó explicitado en un tuit de su cuenta personal: “El ministro Mario Meoni vive en otro país. Habilitó los viajes en avión para trabajadorxs esenciales cuando ni siquiera está garantizado el transporte público para que puedan ir a trabajar y volver a sus hogares tranquilos y seguros”. La publicación duró apenas unas horas porque desde las máximas alturas del poder le exigieron a Daer que borrara ese mensaje.

El personal de salud tampoco fue vacunado al ritmo que se esperaba: aunque debía recibir las dosis de manera prioritaria, se calcula que sólo el 50% de los empleados de la actividad fue inoculado, aunque están en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 y, por ende, expuestos a los mayores riesgos. Según las cifras del Monitor Público de Vacunación, de las 3.212.598 aplicaciones registradas en todo el país, las que fueron para los trabajadores del sistema sanitario llegaron a 1.364.154.

Por eso los salarios bajos del sector son otro dato de la situación crítica del sistema de salud y lo admiten hasta las propias empresas: en abril, una enfermera va a ganar un sueldo de 51.000 pesos. En el sindicato también reconocen que no habrá salida si no se alivia la asfixia financiera de la actividad.

Moroni y Cafiero se comprometieron en las últimas horas a intentar una solución a un conflicto anunciado desde hace casi tres meses. Y hasta ahora Daer no pudo sensibilizar a su amigo Presidente acerca de la necesidad de buscar alternativas en forma urgente que eviten un colapso sanitario.

No es precisamente una buena noticia que se acerque la segunda ola de COVID-19 con empresas de la salud en estado desesperante, trabajadores de sanidad con riesgos altos y salarios por el piso, cierre de clínicas (y, por ende, menos camas para internación), un sistema de obras sociales sindicales que siguen sufriendo una creciente desfinanciación y poca cantidad de vacunas. Un cóctel explosivo que, pese al optimista discurso oficial, se sigue sin atender cuando todos sabemos cómo va a terminar.