Por: Martín Ferreyra.

Desde la CGT y las dos CTA se preparan para marchar el miércoles al Congreso de la Nación, con expectativas de forzar a los senadores a rechazar el proyecto oficial de la llamada ley Bases que contiene profundas reformas a las legislaciones laborales.

La convocatoria se hizo el viernes último en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), en un acto que encabezaron Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT; Hugo Yasky, secretario General de la CTA; y el secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró, además del líder del Smata, Ricardo Pignanelli.

También participaron de la convocatoria Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo; y el secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, entre otros.

En la apertura del acto que se realizó bajo la consigna “No a la ley Bases. La Patria no se vende. La Patria se defiende”, Pignanelli advirtió que el país enfrentará “serias dificultades” en caso de la aprobación de la normativa, y agregó que “el pueblo trabajador y el pueblo argentino no se pueden equivocar porque están en  juego los destinos de la república”.

La palabra central fue la de Pablo Moyano, que definió la convocatoria a marchar contra la ley Bases como una necesidad y una obligación, y aseguró que el voto de los legisladores diferenciará a los “héroes” de los “traidores”.

“Esta ley Bases -remarcó una de las patas de la principal entidad sindical- destruye a las industrias y va a destruir también al transporte porque los trabajadores van a volver a pagar Ganancias”.

Después del acto, en las redes del gremio de camioneros, el dirigente insistió con el llamado a movilizar desde las 9 a Plaza Congreso.

Taty Almeida acompañó la propuesta con un llamado a “ser miles para demostrar con los hechos que estamos todos unidos” en contra del programa de reformas de la administración libertaria.

Los pronunciamientos de Pignanelli y Moyano apuntaron fundamentalmente a la convocatoria. En el caso del camionero, las observaciones sobre la normativa que se debatirá en el Senado se limitaron a la vuelta de Ganancias.

Por el lado de la CTA, Hugo Yasky destacó a la dirigencia presente como representativa de “esa inmensa parte de nuestro pueblo que sufre hambre” y extendió el llamado a marchar a los trabajadores migrantes: “Se vota esta ley y no se hunde solamente la industria, no se hunden solamente las empresas, que forman parte del Estado. Se va a hundir la Educación, la Universidad, la Escuela Pública, la Salud Pública, va a desaparecer la Argentina que nosotros conocemos”, remarcó Yasky, quien también pidió a los gobernadores que “no se hagan los distraídos”.

Peidró, de la CTA Autónoma, coincidió con Moyano en la advertencia a los legisladores que tendrán la responsabilidad de tratar el texto y vaticinó que “la movilización de este miércoles será masiva y significará un mensaje claro para los que se encuentran en el Senado”.

Ausencias

Los secretarios que comparten con Pablo Moyano la conducción de la CGT, el secretario General del gremio de la sanidad, Héctor Daer, y Carlos Acuña, referente de los trabajadores de las estaciones de servicio, se ausentaron de la conferencia de prensa en el Smata.

El faltazo disparó versiones sobre las coincidencias y diferencias que presuntamente acercan y distancian a las tres patas de la conducción a propósito del perfil que debería tener la central obrera en relación con el gobierno nacional.

Las interpretaciones ubican a Moyano en el rincón de los gremios combativos, un espacio que comparte con el bancario Palazzo. Acuña y Daer, en tanto, serían partidarios de evitar un crecimiento de la tensión entre los sindicatos y Balcarce 50.

Las diferencias entre los altos dirigentes habrían motivado a Moyano a definir otra sede para la conferencia de prensa que se realizó el viernes.

El Smata, gremio de uno de los sectores industriales que más viene sintiendo el impacto de la recesión en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, era un escenario apropiado para la crítica a un proyecto de ley que tiende sombras densas sobre el futuro de la producción fabril.