Por: Alfonso de Villalobos.

La CGT contabilizó un millón y medio de personas. Para el gobierno fueron 40 mil. Desde el punto de vista de los dirigentes de las tres centrales, la marcha resultó un éxito y fue capaz de canalizar a lo largo y ancho del país a centenares de miles de manifestantes de a pie. Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la medida fue «un fracaso total».

La distancia entre un balance y otro auguró lo que ya parecía inevitable. La medida no generó un cambio de actitud del gobierno, que ya había dinamitado todos los puentes con los representantes de los trabajadores. El mismo 24 el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que no habrá diálogo: «No se puede dialogar con los que no quieren que el país salga adelante», dijo.

El jueves, además, el Ejecutivo definió en forma drástica un cambio de autoridades en la Superintendencia de Servicios de Salud al designar a Gabriel Oriolo, exgerente de OSDE, como titular del organismo que se encarga de regular y administrar los fondos de las obras sociales sindicales, que rondan los U$S 3500 millones anuales. Más allá de la interna del gobierno (el desplazado es hombre de Bullrich), la designación puede interpretarse como una provocación a la CGT y una señal de que el gobierno apuesta a acelerar el proceso de incorporación de las prepagas al sistema tal como habilita uno de los artículos del DNU que se encuentran vigentes.

Iniciativa

Ahora, la conducción de la CGT debe definir el camino a seguir sin negociación con el gobierno a la vista, lo que condiciona al sindicalismo peronista más dialoguista. En diálogo con Tiempo, el secretario gremial de la CGT y diputado nacional, Mario «Paco» Manrique, confirmó que «por ahora con la CGT no hubo ningún contacto. Ya en varias ocasiones la CGT manifestó que está dispuesta a dialogar, pero el gobierno no ofrece ningún interlocutor. Están totalmente cerrados», denunció.

Manrique explicó que «la semana que viene habrá una reunión de mesa chica donde se analizarán los efectos de la marcha y la mirada hacia al futuro a ver si las cosas empeoran». En ese punto se mostró escéptico en tanto recordó que «un día antes de la marcha mandaron el proyecto de ley para reinstalar el impuesto a las ganancias sobre el salario. El gobierno es una máquina de provocar».

La lucha sigue en pie

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, aseguró que «el plan de lucha sigue en pie hasta que concretemos el rechazo del DNU y la Ley Ómnibus. Estamos conversando pero sin todavía definir con las otras centrales y organizaciones. Seguramente en el inicio de la semana habrá ideas más claras».

Por el lado de la Unidad Piquetera y el sector del sindicalismo vinculado a la izquierda política ya se definió movilizar al Congreso cuando se discuta la Ley Ómnibus en Diputados. Eduardo «Chiquito» Belliboni, dirigente del Polo Obrero, adelantó a Tiempo que «el próximo martes los sindicatos, organizaciones piqueteras, organismos de Derechos Humanos, estudiantes, asambleas populares, de la cultura y organizaciones políticas que nos movilizamos el 24 en una columna independiente, marchamos al Congreso para rechazar la aprobación del proyecto Ómnibus que se tratará en la Cámara de Diputados».

Agregó que «las centrales obreras deberían convocar a un nuevo paro nacional para cuando se reúna el Parlamento para considerar este plan de ataque histórico contra los trabajadores. Esto coloca la necesidad de un plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei».

En tanto, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, señaló a Tiempo que «el lunes nos reunimos los compañeros y compañeras de la UTEP para definir ir el día jueves a entregar petitorios a los supermercados para pedir donaciones porque no hay cómo abastecer los comedores y merenderos frente a la falta de respuestas de la ministra Petovello. La situación es muy crítica». Sobre la continuidad del plan de acción contra el DNU y la Ley Ómnibus, Gramajo señaló que «dependerá de cómo sea la votación en Diputados y Senadores, que todavía no está claro».

Consultado sobre la actitud de la CGT frente a la eventual votación en el Congreso, Mario Manrique explicó que «vamos a esperar cómo evolucionan y se suceden las cosas. De acuerdo a lo que salga de la Ley Ómnibus, si es que sale, nos sentaremos y veremos las opciones. Nadie sabe qué va a pasar con esa ley. Es todo muy desprolijo». Sobre la situación de los diputados de UP, Manrique señaló que «lo de los tucumanos cayó muy mal. Por querer arreglar una situación sectorial no se puede avalar la destrucción de todo el sistema de control de la Argentina y desproteger al resto de los sectores».

Godoy, por su lado, consideró que «el paro y la movilización han sido de una contundencia muy grande. No queremos apurarnos a hacer cosas que le quiten sentido a lo hecho o lo empequeñezcan. Estamos midiendo el impacto dentro del Congreso y en el gobierno que hay un alto nivel de crisis. Estamos evaluando. El trabajo de preparación de un paro ha sido un esfuerzo muy grande. Hay que dejar un par de días que relaje y se pueda recuperar la reflexión en conjunto. Pero la decisión es que el plan de lucha va a continuar hasta que se caigan las dos iniciativas. Eso requiere una intervención continuada, por lo menos, hasta el 15 de febrero que es cuando están previstas las sesiones extraordinarias». «

Tampoco hay cita para actualizar el salario mínimo

Ambas CTA enviaron cartas documento a las autoridades de la cartera laboral para que formalice la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo. Las organizaciones sociales están interesadas particularmente en la negociación porque los Potenciar Trabajo dependen de la evolución de ese haber. Fuentes de la cartera laboral confirmaron a Tiempo que, por el momento, la cita no tiene fecha y que, «quizás el lunes haya novedades». La cita abriría, en los hechos, un ámbito de diálogo entre el gobierno y las centrales.

En la actualidad el haber se ubica en $ 156 mil tal como fuera fijado para el mes de diciembre en la última cita ocurrida en septiembre de 2023 en la que se acordaron tres aumentos sucesivos que, sin embargo, quedaron muy por detrás de la evolución de la canasta alimentaria.

Entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2022 el poder adquisitivo del haber retrocedió un 30% que, de no mediar actualización, escalará al 43% para enero.